La decisión del gobernador Carlos Joaquín González de desaparecer a la Oficialía Mayor y entregar sus funciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación es una carambola de tres bandas:
Por un lado es una iniciativa que modernizará a la estructura orgánica de la administración pública estatal; por otro, se prepara con una estructura más eficiente para enfrentar la hecatombe financiera que se avecina y adicionalmente fortalece a quien se encargará de cerrar los “libros blancos” de su gestión.
En otras circunstancias, entregar todo el control de la recaudación, planeación, ejercicio del gasto y la administración del patrimonio estatal a una sola persona significaría fortalecerla con propósitos políticos.
Pero a dos años de que termine la administración de Carlos Joaquín, evidentemente es tarde para empezar desde ahora a delinear un proyecto político desde esa posición.
La medida del Gobernador tiene, en este caso, otra interpretación. En los hechos, ha definido a la persona que se encargará del cierre de su administración, ya decidió confiar esa tarea a Yohanet Torres, quien desde su nombramiento como secretaria de Finanzas y Planeación a fines de 2017 se ha desempeñado con solvencia y eficiencia.
De hecho, los notorios avances que ha tenido el gobierno de Quintana Roo en diversos indicadores nacionales, como el de la recaudación, ejercicio del gasto, transparencia, entre otros, tienen que ver con la gestión de la funcionaria.
La existencia de una oficialía mayor ya era anacrónica, por lo que la decisión de desaparecerla es una medida atinada. Entregar sus funciones a la Secretaría de Finanzas permitirá ahorrar procesos y evitar duplicidad de funciones, lo cual implica ahorros que serán un respiro para enfrentar una crisis económica de proporciones históricas.
En la historia de la administración pública de México, la oficialía mayor corresponde a una etapa muy superada, la del desarrollo estabilizador, la del Estado benefactor.
Se creó para administrar la abundancia y Quintana Roo nació como estado en ese contexto y era natural que heredara una estructura de ese tipo.
Sin embargo, con el paso de los años, esa figura cayó en detrimento y al día de hoy, incluyendo Quintana Roo, ya son 24 las entidades federativas que la han sustituido con estructuras modernas. Incluso, en la mayoría de los estados, como será el caso de Quintana Roo, forman parte de la Secretaría de Finanzas.
Con Yohanet Torres el Gobernador va a la segura, con un cierre que busca pulcritud, libre de sobresaltos.
Ahora solo falta la formalidad: enviar al Congreso una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo.
Con esta acción, Carlos Joaquín fortalece la modernización de la administración pública de Quintana Roo, para encarar la crisis, cuya brisa apenas nos acaricia.
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