Los cuatro militares señalados de haber sido partícipes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa presentaron una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración de la justicia y falsedad en declaraciones, al señalar que en las investigaciones realizadas en ese caso, se falsificaron pruebas y exigieron la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Lo anterior fue dado a conocer por los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, quienes defienden al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, así como al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y al sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes enfrentarán un proceso penal por delincuencia organizada, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Guerreros Unidos, organización delictiva relacionada en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Durante una conferencia de prensa, los litigantes señalaron que en la investigación y proceso penal contra sus clientes “no hay elementos de prueba que justifiquen el actuar de la Comisión de la Verdad ni de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala, para decirlo claramente, se ha fabricado su participación con elementos de prueba falsos”.
En la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) este martes, los cuatro militares, a través de sus representantes, solicitan que se investigue a quien resulte responsable de haber falsificado pruebas en su contra y también señalan que se “fabricaron” mensajes de WhatsApp en lo que se sustenta la presunta participación de los integrantes del Ejército Mexicano en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normar Rural, Raúl Isidro Burgos.
El abogado César Omar González señaló que con “atropellos desde el poder, se han puesto en riesgo, una vez más, el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos hace ocho años en Ayotzinapa y han generado un efecto corruptor en el presente caso” y señalaron que se “rindió un dictamen en materia de informática donde, tras analizar las capturas de pantalla de las supuestas conversaciones, y quedó claro que no hay forma de demostrar que las conversaciones sean auténticas, ya que presentan inconsistencias y discrepancias importantes en la Interfaz de las pantallas y en los Metadatos de los archivos, por lo tanto es sumamente cuestionable”.
Los litigantes indicaron que el subsecretario Encinas, “en su intento de obtener resultados rápidos y visibles, hizo a un lado a sus colaboradores, presentando (en agosto pasado) a espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable, por no decir abiertamente falsificada y puso en peligro el futuro de la investigación”.