Por lo menos nueve notarías públicas, entre Benito Juárez e Isla Mujeres, intervinieron para validar ventas fraudulentas de 19 departamentos del condominio “Maioris Tower”, en Puerto Cancún, por un monto de 92 millones 171 mil 944 pesos, mediante la simulación de la compra venta de cada uno, situación bajo la cual existe un juicio de nulidad y dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
El representante legal de Maioris Cancún S. de R.L. de C.V., Francisco Javier Siman Carpio, inició una carpeta de investigación en ambas instancias judiciales por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en contra de propietarios y notarios públicos implicados en el fraude inmobiliario.
La participación de Marco Antonio Sánchez Valez, José Antonio Arjona Iglesias, Susana Verónica Ramírez Sandoval, Felipe Amaro Santana, Nahum Ojeda Hernández, Armando A. Llanes Acereto, Gabriel Escobedo Cruz y Jorge Alberto Galván García, titulares de las notarías públicas 3, 8, 11, 19, 36, 40, 68 y 74, respectivamente, radicadas en Cancún, además de Yolanda Solís Olveres, titular de la Notaría 22, adscrita a Isla Mujeres, permitió inscribir 14 departamentos y cinco tipo “penthouse” del complejo residencial al Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), ello sin contar con una carta de cancelación de hipoteca tanto de la apoderada legal como del representante bancario, dado que para su edificación se solicitó un crédito hipotecario por 33.4 millones de dólares a través de Caja de Ahorro de Valencia, Castellón y Alicante Bancaja (ahora Bankia).
Según Siman Carpio, la comercialización formal del complejo residencial inició en 2011 y fue hasta 2015 que tanto el grupo de inversionistas como Bancaja, atravesaron por problemas financieros, lo que propició la salida de accionistas y llegada de nuevos socios, además la entidad titular del crédito hipotecario fue comprada por Bankia, otro banco español, fue entonces cuando se tuvo conocimiento que existían 19 propietarios ajenos a la relación de la empresa.
Lo que les llamó la atención fue que dichas ventas se realizaron en 2011 y fue hasta 2015 que se inscribieron en el RPPC, lo que permitió identificar que en ese tiempo tuvieron la oportunidad de conseguir a un notario que se prestara a realizar estos actos de simulación y apoderarse de estos departamentos.
La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria número 22, Yolanda Solís Olveres, radicada en Isla Mujeres y de ahí cada uno de los presuntos propietarios a través de otras notarías de la entidad efectuaban el remate de los bienes inmuebles.
Cuando interpusieron las denuncias penales toparon con pared: “Ahí nos enfrentamos con el primer problema, como era un negocio orquestado del gobierno obviamente la denuncia no caminó, se determinó que el número de ejercicio tuvo una prescripción porque las ventas habían ocurrido en el año 2011, el delito de querella es de un año, nosotros presentamos el juicio en 2015”.
El proceso de nulidad se encuentra bajo un recurso de inconformidad, ya que el peritaje reconoció que las firmas eran falsas, pero no fue suficiente para proceder en contra de los compradores ilegales, aseguró Siman Carpio.
