Ciudad de México, 2022.- La coordinación de todos los niveles de gobierno en el territorio nacional ha permitido la Cero Impunidad, prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
Lo anterior fue expuesto este martes por el Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias (GIEV), como parte de la Estrategia Nacional de Protección Integral a mujeres y niñas que viven violencias basadas en el género.
En esta ocasión, la conferencia mensual, celebrada en el Salón Benito Juárez de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tuvo la participación de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales.
Así como la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada.
En su turno, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, aseguró que el compromiso del Gobierno de México es con las mujeres y con sus causas. Es eliminar todas las violencias contra las mujeres.
“Nuestro compromiso, es que todos los instrumentos, técnicas y formas de organización con los cuales se trabaje en los territorios, los procesos de paz y seguridad partan de la realidad de las mujeres, de sus comunidades y de su particularidad cultural”, dijo.
Destacó que como lo ha referido la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez: “nuestro compromiso es trabajar todos los días, para que las mujeres de México hagamos realidad nuestro derecho a una vida libre de violencia”.
En el INMUJERES, agregó, acompañamos sus palabras y pondremos todo nuestro esfuerzo en que así suceda.
Al hacer uso de la voz, la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, señaló que entre julio de 2015 y agosto de 2021, han sido declaradas 25 alertas de violencia de género en 22 entidades del país, y en Guerrero, Veracruz y Estado de México se cuenta con doble alerta.
Agregó que estas 25 alertas contemplan 570 medidas recomendadas en los ámbitos de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño, y destacó que las declaratorias de violencia feminicida señalan acciones a implementar de manera directa en 370 municipios del país.
Asimismo, puntualizó que se tienen siete procedimientos activos bajo estudio de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios que analizan las peticiones de alerta.
Se trata, aclaró, de las solicitudes de Alerta para la Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz.
Por su parte, en representación de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la titular del SESNSP presentó 28 casos relevantes de detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias en contra de agresores de mujeres, adolescentes o niñas, mediante la política Cero impunidad.
Clara Luz Flores afirmó que la violencia no es normal y no se debe permitir que ninguna mujer, niña, niño o adolescente pase por situaciones de esta naturaleza.
Insistió en que la mejor ruta para lograr la Cero impunidad es la denuncia, y por ello, las personas que son testigos de la violencia de género no deben callarse, deben levantar la voz y acudir a las autoridades.
“Por instrucciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, reiterar a los gobiernos de los estados y municipios de todo el país que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pone a su disposición todas sus capacidades técnicas y operativas para la investigación de casos de delitos violentos contra las mujeres”, aseguró.
En tanto, la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada, explicó que la CEAV es la institución encargada de gestionar el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), una base donde se incorporan los datos de las personas en situación de víctima de todo el país y que hasta septiembre de este año, tenía 54 mil 600 víctimas registradas, de las cuales casi 53% son mujeres.
Invitó a reflexionar sobre la necesidad de que las comisiones estatales de Atención a Víctimas cuenten con registros locales actualizados para priorizar la atención a las mujeres violentadas.
Manifestó que las mujeres no sólo son víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, también viven los impactos de la violencia de forma indirecta; una situación que en muchas ocasiones las orilla a convertirse en buscadoras de justicia, verdad y reparación del daño.
Este contexto, subrayó, obliga a todas las instituciones a considerar las desigualdades de género a la hora de garantizar atención a las mujeres.