El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de esta administración federal, aunque la percepción de la población adulta sobre este tipo de hechos se redujo, según los resultados más recientes de la Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que se elabora cada dos años.
La tasa de prevalencia en esas situaciones ilícitas se incrementó de 14 mil 635 afectados por cada 100 mil habitantes, en 2017, a 15 mil 732, en 2019, al igual que la incidencia, la cual pasó, en el mismo periodo, de 25 mil 541 actos por la misma cifra de ciudadanos, a 30 mil 456.
Mientras que la percepción por parte de la población urbana de 18 años y más sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo de 91.1% a 87%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, la entidad federativa con mayor tasa de prevalencia el año pasado fue Durango, con 25 mil 389 víctimas por cada 100 mil habitantes; le siguen la Ciudad de México (20 mil 690), Estado de México (20 mil 683), Quintana Roo (19 mil 946), Morelos (16 mil 396) y Guanajuato (16 mil 100).
A consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, el costo total de esas diligencias fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
Entre los estados que registraron las cifras más altas en este rubro se encuentran Yucatán, con 44.8 mil pesos por víctima; Coahuila, con 17.9 mil pesos; Chiapas, con 15 mil pesos; Querétaro, con 8.6 mil pesos; Nayarit, con 5.9 mil pesos; Puebla, con 5.3 mil pesos, y Guerrero, con 5 mil pesos.
El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se reportó en el contacto con autoridades de seguridad, con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 25%.
En tanto, las diligencias ante el Ministerio Público equivalen a 24.8%; las municipales, 22.2%; los procedimientos en juzgados o tribunales, 16.4%, mientras que los vehiculares, 15%.
El Inegi explica que la cobertura y alcance de esta encuesta contemplan sólo actos de corrupción en actos relacionados con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.
Evaluación de los servicios
Además de evaluar el problema de la corrupción, la Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites y solicitudes. En términos generales, la percepción promedio en esa categoría pasó de 45.5%, en 2017, a 47.2%, en 2019.
Los servicios públicos que registraron los menores niveles durante el año pasado por parte de las personas adultas que residen en áreas urbanas fueron las calles y avenidas, con una aprobación de apenas 25.1%; los referentes a la policía (26.2%), transporte masivo automotor (32.7%) y alumbrado (38.2%).
En cuanto a los de baja demanda, 79.8% manifestó estar satisfecho con la educación pública universitaria durante 2019; para la salud estatal el resultado fue de 47.2%.
De la misma forma, en las experiencias relacionadas con la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con funcionarios realizados personalmente, en 79.3% de los casos los usuarios dijeron sentirse satisfechos en términos generales.
Asimismo, las diligencias con mayor nivel de esa percepción en el país fueron los pagos por la energía eléctrica y agua potable, con 88.9% y 86.3%, respectivamente.
Mientras que los procedimientos relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad y ante el Ministerio Público obtuvieron un menor nivel de satisfacción, con 44.1% y 34.9%, respectivamente.
Finalmente, en lo referente a la confianza de la población en personas, instituciones o actores de la sociedad, se estima que en 2019 las personas confiaron más en sus familiares (86.8%), así como en las escuelas públicas de nivel básico (75.1%). Por otro lado, el menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos, con 24.6%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.