Cancún, 30 de junio.— El proyecto Tren Maya generará nuevos empleos y es probable que la población campesina acceda a algunos, pero sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, opinó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
En ese sentido, destacó que en los pasados 10 años, la tasa anual de incremento de personas aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue del 8 por ciento en Quintana Roo, mayoritariamente de la categoría “un salario mínimo” (3,670 pesos/mes), a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideró en 2017 que una familia de cuatro personas en México estaba en situación de “pobreza por ingresos” si el monto mensual era inferior a 11,290 pesos.
Eugenio Fernández y Sergio Madrid, este último director del CCMSS, señalaron que la estrategia del Estado mexicano para combatir la pobreza a partir de que la población rural se contrate en un empleo asalariado es una falacia; por el contrario, genera una población urbana marginada y excluida con limitaciones para acceder a los bienes naturales, la tierra y las estructuras sociales que otrora gozaba y le sostenían, y dependiente de los vaivenes de la economía y los mercados globales.
Este proceso de desruralización impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional y vulneran sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios, añadieron.
De acuerdo con el documento Tren Maya: Nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán, la “proletarización” de la población rural representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata y encuentren vías simples para acceder a la tierra y a los bienes naturales, condición sin la cual el capital no podría expandirse.
También destacaron que, para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por otro, una oferta abundante de mano de obra.
Asimismo, indicaron que, para atender esas condiciones del capital, el proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas, que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivas y al mercado inmobiliario.
A la par, continuaron, el proyecto busca detonar un fuerte proceso de “proletarización” de la población rural y que los campesinos e indígenas que hoy se autoemplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden de la Península de Yucatán.
Afirmaron que con este proyecto el Estado busca atraer grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y marginación en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya.
El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notoriamente, como ya sucedió antes, pero esa apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos financieros, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio.
Aunque hasta ahora Fonatur no ha presentado públicamente un proyecto ejecutivo que ofrezca claridad del alcance del Tren Maya, por declaraciones de sus directivos es posible afirmar que es una apuesta por la urbanización de la región sur-sureste, con un desarrollo centrado en la provisión de servicios en los sectores turístico e inmobiliario que favorezca la expansión agroindustrial, subrayaron.
Además, aseguraron que Fonatur impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de 1mil 510 localidades de los pueblos mayas, Tseltal, Ch’ol, Jakalteko, Awuakateko y Akateko y omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución.
Se ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios, añadieron. Este enfoque deja ver el racismo y clasismo que subyace en el Estado, expresados por el menosprecio a lo indígena y lo campesino.
Más adelante, indicaron que el Fonatur pone énfasis en el empleo asalariado y argumenta que las personas de las comunidades podrán obtener empleo entre las miles de oportunidades que brindará la construcción de infraestructura ferroviaria y posteriormente en la vasta industria turística, que recibiría anualmente de tres a cuatro millones de turistas adicionales.
El proyecto se perfila como una gran inversión enfocada al desarrollo urbano, que generaría una enorme atracción de mano de obra a los polos de desarrollo y acentuará el abandono de los servicios públicos en zonas rurales y la desatención de las problemáticas en los territorios, aseveraron.
La atracción de la población rural a las zonas urbanas estará también acompañada del crecimiento de diversos sectores ya probados en la región: agroindustria, producción de carne de puerco y pollo y parques eólicos y solares.
Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales, pero también se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra. Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de “que no hay tren” e incluso con la modificación del trazo del Proyecto.
“El patrimonio de gran parte de la población campesina en México se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria. Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos.
Esa tierra y ese derecho son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina.
La propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” explica el documento.
