Pérdidas económicas, parálisis de actividades, robo de datos y noticias falsas figuran entre los principales riesgos que encontraron la Cepal, la OCDE, CAF y la Unión Europea como resultado de la intensificación del uso de internet por el Covid-19.
El internet es una de las soluciones a las que recurrieron el gobierno y la iniciativa privada en medio del confinamiento por el coronavirus, así como también la población en general, que resuelve sus necesidades a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, plataformas de internet y software.
Sin embargo, no necesariamente cuentan con las protecciones de seguridad que son necesarias, advierten las instituciones en el Informe Perspectivas Económicas de América Latina, Transformación Digital para una mejor reconstrucción.
Al usar medios digitales, tanto los gobiernos como las empresas corren el riesgo de ser víctimas de “los incidentes de seguridad que serán cada vez más frecuentes y podrían ocasionar perjuicios sociales y económicos”, destaca el documento.
Si bien hay planes y programas para mejorar la seguridad digital, hasta el año pasado sólo 13 países de América Latina contaban con una estrategia nacional sobre ese tema.
Además, al tener la población un mayor acceso a plataformas de redes sociales, crece el riesgo de que sean objeto de la desinformación masiva por la difusión de noticias falsas, mejor conocidas como fake news.
De acuerdo con el estudio, las noticias falsas desinforman a la sociedad y generan desconfianza de la población hacia los organismos públicos.
El punto a considerar es que “los riesgos de seguridad pueden causar alteraciones en las operaciones y en servicios esenciales, como el suministro de agua y energía, o la seguridad y la salud públicas, así como pérdidas económicas directas”, se menciona en el estudio.
También se pueden generar litigios, daños a la reputación, pérdida de competitividad como consecuencia de la revelación de secretos profesionales, la pérdida de datos personales y la desconfianza por parte de los consumidores.
De acuerdo con el informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CAF Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea pidieron a empresas y gobiernos tomar en serio esta situación.
“Las organizaciones públicas y privadas deberían tener en cuenta la seguridad digital en sus actividades de gestión de riesgos y no considerarla un riesgo técnico específico al que debe darse una respuesta aislada”, expuso.
Para estos organismos, otro de los temas a considerar es tener una regulación más estricta en materia de gestión, protección e intercambio transfronterizo de datos.
El planteamiento va en tres sentidos. En primer lugar, “son necesarias nuevas normas e instituciones que regulen la transformación digital, entre otros ámbitos, como el de la seguridad digital, la gestión y la protección de datos, así como nuevas cuestiones éticas que deben tenerse en cuenta”, señala.
En segundo lugar, las tecnologías digitales pueden transformar profundamente las instituciones públicas y conseguir que sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras, dice el análisis, y, en tercer lugar, deben coordinarse las intervenciones encaminadas a digitalizar las economías y las sociedades.