Cancún, 22 de marzo ().— Integrantes de agrupaciones y colectivos ambientalistas hicieron hoy un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a aprobar una nueva Ley General de Aguas, pues en el país prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece negocios particulares.
En conferencia de prensa virtual, Integrantes de la Asamblea Socioambiental Peninsular (ASP), Consejo Ciudadano Agua Yucatán (CCAY) y Movimiento Agua para todos, agua para la vida, entre otros, se recordó que en febrero de hace un año se presentó la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, suscrita por 200 mil firmas, pero a la fecha no se hace nada.
En el caso de la Península de Yucatán denunciaron que es uno de los sistemas más contaminados del país por su vulnerabilidad natural y hay un acaparamiento del líquido por un grupo de empresarios nacionales y extranjeros que violan flagrantemente la carta magna.
La actual Ley Nacional de Aguas no contiene ningún concepto o trato especial a los acuíferos kársticos, como el de la Península de Yucatán, que es altamente vulnerable a la contaminación, debido a su cercanía con la superficie, por lo que no hay un sustrato para filtrar o retener la infiltración de contaminantes.
En los tres estados, se indicó, la política de desarrollo e inversión económica en los últimos 10 años ha impuesto un estrés ambiental y de deterioro social con base en la corrupción en los procesos de cambio de uso de suelo, hechos a modo para facilitar proyectos industriales o turísticos de carácter masivo en zonas vulnerables.
Quintana Roo y la costa norte de Yucatán se enfrentan a un avance desmesurado de construcciones de más cuartos de hotel y desarrollos urbanos, a costa de destrucción de la duna y de rellenos de humedales, expusieron.
En el marco del Día Mundial del Agua, señalaron que las autoridades ambientales de los tres estados, no tienen capacidad para responder de manera oportuna a las denuncias y procesos de autorización, de modo que no tienen manera de verificar la veracidad de lo expresado en las manifestaciones de impacto ambiental.
De 1988 a la fecha se entregaron más de 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas a las grandes industrias. Estudios realizados desde 2015 en el Anillo de Cenotes, desde Celestún hasta Dzilam de Bravo, mostraron altos niveles de concentración de plaguicidas.
También hay un uso excesivo de fertilizantes que, combinados con la materia orgánica, facilitan la proliferación de algas, mareas rojas y sargazo que afecta a la costa de la Península.
Ante esa situación, exigieron a los legisladores dictaminar una nueva ley General de Aguas, basada en el respeto a la naturaleza, veto a proyectos dañinos, prohibir agua para minería tóxica y “fracking” –proceso de extracción con productos contaminantes–, acabar el acaparamiento de concesiones y la privatización, priorizar el uso para soberanía alimentaria y garantizar el abasto.
También pidieron que se reconozca a la Península como territorio de reserva especialmente sensible a la contaminación y extracción del agua, hacer obligatorio el tratamiento terciario y reutilizar el líquido, restaurar cuencas, cenotes, y flujos de agua subterráneos, considerar delito grave la contaminación del agua, y regular las actividades turístico-recreativas en cuevas, cavernas, grutas y cenotes, entre otras propuestas.
Fuente: Galu Comunicación
