Aguakan, la concesionaria del servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, es solo la punta del “iceberg” de un problema mayor que padece el país por el desorden que hay en las concesiones para la explotación de reservas hídricas y operación de infraestructura hidráulica.
El debate por las concesiones para la explotación de agua potable del país lleva ya varios años. Incluso, desde 2008 el Instituto Mexicano para el Desarrollo Humano (IMDEC) puso en manos del Relator de Salud de Naciones Unidas un informe amplio sobre omisiones legales y otras irregularidades cometidas por la Comisión Nacional de Agua y organismos operadores estatales en los procesos de concesiones.
El problema va más allá de los abusos, del criterio antisocial que emplean las empresas concesionarias en su trato diario con quienes son sus clientes, pues tan solo la Conagua ha dejado de lado su responsabilidad de vigilar la explotación de los recursos hídricos y de fomentar acciones que permitan la recuperación de las reservas.
La península de Yucatán, la región más rica del país, registra índices altos de sobreexplotación, del que no solo es responsable Aguakan, sino también más de 100 concesionarios que obtienen el agua para diversos fines sin respetar la Ley de Aguas Nacionales que contempla a ese recurso como un bien de dominio público federal, vital y finito, con valor social, económico y ambiental, así como prioritario y asunto de seguridad nacional.
Generalmente las empresas concesionarias obtienen los permisos sin grandes inversiones y obtienen fantásticas ganancias vendiendo el agua a precios mil veces más que les costó extraerla y tratarla, destaca en un amplio estudio Elisa Palomina Angeles, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“La naturaleza jurídica del agua es un recurso renovable, es un bien de dominio público que no tiene por qué ser privatizado debido a que debe estar al alcance de todos los habitantes de cualquier parte del mundo”, subraya. Aguakan.
Las empresas, señala la investigadora, acaparan el agua y forman monopolios y oligopolios que pretende controlar los mercados nacionales del vital líquido y por tanto recomienda restringir las concesiones.
Aguakan ha estado en el ojo del huracán desde hace algún tiempo por la falta de transparencia en la concesión para la operación de las redes de Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad y “de facto” en Puerto Morelos, porque ese municipio nació con esa herencia al formar parte antes del territorio benitojuarense.
A lo largo de su historia la empresa ha pasado por diferentes manos. Incluso ha sido propietaria de grandes conglomerados involucrados en escándalos internacionales como Enron en 2008.
Actualmente, según información en su página web, sus socios son el Grupo Mexicano de Desarrollo, el concesionario inicial en 1994 y Grupo Bursátil Mexicano Hidráulica (GBM), que se financia fundamentalmente a través de la bolsa de valores.
Uno de los antiguos socios o dueños de Aguakan, Aguas de Barcelona, enfrenta un proceso judicial en la capital catalana para retirarle la concesión por diversas irregularidades, una de las cuales, precisamente, porque el concesionario inicial ya no es el operador de la red y quienes la explotan actualmente la obtuvieron sin ninguna licitación, aunque desde luego otorgaron grandes cantidades de dinero a políticos y gobernantes.
Algo así como lo que se hizo para extender el tiempo de concesión en Cancún y obtener Solidaridad. Aguakan pagó $1,500 millones, cuyo destino se desconoce.
La sociedad y los nuevos gobiernos en Quintana Roo deberán tomar medidas para controlar a Aguakan. En diversas partes del mundo donde hay concesiones de ese tipo se busca ya desactivar crecimiento de los tentáculos de esas compañías y con ello propiciar la conservación del derecho al consumo del agua, que es un derecho fundamental e inalienable, individual y colectivo.
El gobernador Carlos Joaquín González ofreció en campaña revisar si hay manera de retirarle a Aguakan la concesión.
En Solidaridad y Puerto Morelos las alcaldesas Cristina Torres y Laura Fernández Piña han iniciado acciones para buscar ese objetivo. El Cabildo portomorelense dio el primer paso concreto aprobando ya el inicio de acciones legales para deshacerse de una herencia indeseable.
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