En 1990 Cancún padecía de escasez de agua. Y no es porque no hubiera en el subsuelo, sino porque la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado era incapaz de responder a la creciente demanda de ese servicio en una ciudad que en ese entonces crecía anualmente casi 30%.
Cancún requería que le bombearan 60 litros de agua por segundo y la capacidad que había era de 28 l/s. Las empresas hoteleras debían contratar grandes cantidades de “pipas” para abastecerse de agua.
La CAPA sólo tenía dinero para invertir en la construcción de un acueducto, parte del cual puede verse debajo del paso a desnivel de la universidad La Salle, pero no alcanzaban los recursos para habilitar la zona de pozos que se ubica a espaldas del aeropuerto.
Debido a ello, el gobierno de Miguel Borge Martín concesionó al Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), una de las constructoras consentidas del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la construcción de esa zona de pozos, para que esa empresa vendiera el agua “en bloque” a CAPA.
Es decir, el GMD a través su filial Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), que creó exprofeso, extraería el agua, lo enviaría a las plantas potabilizadoras y de cloración de CAPA y éste organismo lo distribuiría a través de su red.
Tan pronto como ese esquema entró en operación, se resolvió la escasez de agua en Cancún, pero el GMD no se conformó con vender el agua “en bloque”, quería también distribuirlo y el Gobierno le cumplió el sueño a la familia Ballesteros, dueños de ese consorcio constructor.
El GMD empezó a vender agua “en bloque” a CAPA el 1 de enero de 1991 y tres años después, en 1994 también operaba, a través de Aguakan, el sistema de distribución con el compromiso de que las inversiones en aguas negras, drenaje y la ampliación de la red sería también su responsabilidad.
Así, DHC de GMD extraía el agua y se lo vendía “en bloque” a Aguakan, inicialmente también de GMD, aunque con el paso de los años ha ido cambiando de socio en esta última empresa.
Cuando el gobierno de Mario Villanueva Madrid otorgó la concesión de la red de agua potable, drenaje y alcantarillado se estableció que Aguakan haría las inversiones necesarias para las ampliaciones de todos esos servicios. Y así fue durante mucho tiempo.
No se sabe si la concesión de la red a Aguakan implicó que las arcas estatales ingresaran algún recurso, pero para los bolsillos de Mario Villanueva sí, pues en su declaración con la que responde a acusaciones de “lavado de dinero” confieza que gran parte del dinero que tenía en sus cuentas provenía del pago que le realizó esa empresa por el favor.
Sin embargo, conforme pasaron los años eso fue cambiando. Los gobiernos sucesivos decidieron facilitar aún las cosas a esa empresa autorizando tarifas altas, permitiéndole abusos contra los usuarios, evadiendo su responsabilidad de vigilar que el servicio se hiciera con el sentido social y, sobre todo, que no se violentara los derechos humanos, acciones en los que suele incurrir la compañía al suspender ilegalmente el suministro a quienes por alguna razón, como el cobro excesivo, no pueden pagar el recibo de cada mes.
Además, Aguakan dejó de invertir en la expansión de la red, no solo porque los desarrolladores de vivienda deben construirla en los fraccionamientos que crean, sino porque el gobierno también canaliza inversiones a ese rubro, de tal forma que la empresa hace negocio hasta con inversiones ajenas.
Sin embargo, en años recientes trascendió que la supuesta inversión estatal en ampliación de redes de agua potable y drenaje en Cancún y luego en Solidaridad sólo era una pantalla para justificar el ejercicio de un presupuesto que, en realidad, iba a parar a los bolsillos de alguien más, que era parte del saqueo.
Como sea, la animadversión contra Aguakan creció y lo que antes fue una empresa que vino a resolver un problema de abasto de agua, ahora es un dolor de cabeza que, por lo menos en Puerto Morelos, no durará mucho tiempo más.
Platea
Durante muchos años los delegados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en los municipios, donde se enfocan fundamentalmente a vigilar a los transportistas, eran juez y parte, pues solían ser ex dirigentes de los sindicatos de taxistas.
Los delegados que fueron nombrados ahora, como Jesús Duarte en Solidaridad, no tienen ese tipo de intereses o ataduras, de tal forma que podrán realizar sus funciones de manera libre, sin favorecer a uno u otro grupo.
Jesús Duarte es un político joven que conoce las dimensiones que representa el problema del transporte, que está sumido en un caos y que requiere con urgencia ser ordenado para bien de los usuarios.
Darle a su función un sentido social, alejado de la costumbre de sus antecesores de enriquecerse primero por medio de extorsiones a los transportistas, es una prioridad y a ello debe abocarse.
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