CANCÚN, 29 de diciembre.– La concesionaria de agua potable, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), anunció hoy que ha obtenido la suspensión del decreto del Congreso del Estado que buscaba revocar la extensión de su concesión, a través de un recurso legal de amparo.La medida legal se produce en respuesta a la aprobación unánime por parte de diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo para abrogar el decreto que prorrogaba anticipadamente la vigencia de la concesión de Aguakan hasta el año 2053.
Según un comunicado emitido el 26 de diciembre, Aguakan busca impugnar los efectos del Decreto número 195 (“Decreto 195”), emitido el 22 de diciembre por la Legislatura del Estado de Quintana Roo, que intentaba revocar el Decreto número 250 emitido el 15 de diciembre de 2014 por la misma legislatura.
La demanda de amparo presentada por Aguakan fue admitida, concediéndose la suspensión provisional a favor de la concesionaria. Esta medida tiene como objetivo mantener las cosas en el estado actual, evitando la aplicación en la esfera jurídica de Desarrollos Hidráulicos de Cancún del Decreto 195.
“Se confirma el derecho de la concesionaria para continuar brindando, sin afectación o interrupción, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el estado de Quintana Roo”, destaca el comunicado.
Esta decisión judicial, afirman, garantiza que Aguakan pueda seguir ofreciendo sus servicios incluso después del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2053, según los términos y condiciones establecidos en el título de concesión otorgado en su favor, incluyendo las modificaciones al mismo. La suspensión del decreto revocatorio asegura la continuidad del suministro de agua potable y servicios de saneamiento para los residentes de la región.
Por otro lado, la empresa hizo público un comunicado dirigido a la gobernadora Mara Lezama y a las alcaldesas Ana Paty Peralta (Benito Juárez), Atenea Gómez (Isla Mujeres), Blanca Merari (Puerto Morelos) y Lili Campos (Solidaridad), en el cual les advierte sobre el monto que deberán pagar si le quitan la concesión.
“La indemnización deberá cubrir los muchos miles de millones de pesos invertidos por la concesionaria y sus inversionistas a lo largo del tiempo”, señala el documento.
En el mismo comunicado, la empresa recuerda que sus inversiones desde el inicio de la concesión han sido de alrededor de 8 mil millones de pesos actualizados, por lo que ese sería, en un principio, el monto que aseguran que el estado debería devolverles.
La empresa acusó al Congreso de actuar “improvisadamente y sin justificación” e hizo un llamado a todos los órganos de gobierno, “especialmente a la gobernadora Mara Lezama, para que se conduzcan dentro del marco legal”.