Tener nuevos partidos políticos solo conviene a quienes los crean, organizan y dirigen, pues no le aportan nada a la sociedad que pueda ser de utilidad.
Hasta ahora, nada se sabe de los millones de pesos de los impuestos de todos los ciudadanos que son destinados para “actividades partidistas”, quizá porque, a la larga, dejan de cumplir su función democrática y se convierten en verdaderas mafias, traficantes de influencias y puestos gubernamentales.
No le conviene ni a los propios partidos existentes en el Estado, pues por cuestiones de ‘equidad’, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) tuvo que hacer la reasignación de recursos para tomar en cuenta a los dos nuevos institutos políticos que fueron creados durante el proceso electoral pasado.
Me refiero a los partidos políticos estatales Movimiento Laborista Quintana Roo (MLQ) y Redes Sociales Progresando en Quintana Roo (RSPQ). Destaco que detrás del MLQ están militantes y dirigentes de lo que fue el Partido Encuentro Social (PES).
La bolsa de 29 millones 780 mil 939.93 pesos destinada para los partidos políticos en el segundo semestre de este año (julio-diciembre) tuvo que modificarse al reducirse en 1 millón 101 mil 237.58 pesos, recurso dividido entre los dos nuevos partidos, aunque estos todavía no tienen su plataforma electoral en la página del Ieqroo.
Si los diputados modificaran la Ley de Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en el contexto de que cada partido debe mantenerse con sus propias cuotas, como lo hacen otras organizaciones, se lograría un cambio significativo.
Un ejemplo de ello son los Alcohólicos Anónimos (AA), quienes no reciben financiamiento público ni de otras instituciones.
No es posible que del presupuesto de los quintanarroenses, 59 millones 561 mil 879.8 pesos se destinen para que los partidos políticos puedan realizar sus actividades durante un año, para el sueldo y salario del Comité Estatal y los municipales, así como para publicitar sus actividades, solo para que la cúpula partidista, familiares o amigos sean beneficiados con una candidatura y/o cargo en algún espacio del gobierno en turno.
Con ese dinero, durante todo un año podría apoyarse con una beca de transporte a 5 mil estudiantes de escasos recursos; o darles una despensa cada mes a 10 mil madres solteras durante todo un año; o levantar 200 casas de interés social para igual número de familias, entre otras muchas actividades que pueden realizarse de manera directa a favor de la población.
Hasta ahora no he escuchado a ningún dirigente que diga que las prerrogativas serán regresadas al Ieqroo, de los ahora ya diez partidos en Quintana Roo, para que este a su vez las reintegre al Gobierno del Estado y así ese dinero sea usado para obras de beneficio social. Al tiempo…
SASCAB
Quiero dejar aquí la opinión de los periodistas Pascacio Taboada Cortina y Jorge Martínez Cedillo sobre la reforma al Poder Judicial, la cual comparto en términos generales. Precisamente el Estado de Derecho, aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es para evitar las violaciones constitucionales de los poderes del Estado.
Para empezar, los jueces no son representantes populares; son funcionarios del Estado Mexicano que tienen la alta responsabilidad de interpretar cabalmente la Ley, la Constitución y las leyes emanadas del propio ordenamiento jurídico. Su función no es hacer política. Por esas razones, el Juicio de Amparo significa protección de la justicia federal ante arbitrariedades del Estado. Por eso existe el Estado de Derecho y los conocimientos de quienes aplican las leyes.
Regularmente, los juristas, con sus estudios, preparación y conocimientos en la aplicación de las leyes, llevan muchos años de investigación para llegar a ocupar puestos en las diferentes áreas judiciales, desde secretarios, actuarios, jueces, magistrados y ministros. Ahí se las dejo…