Al llegar a México, frenan orden de aprehensión contra Alonso Ancira

El propietario de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue extraditado de España después de 20 meses de audiencias; se le acusa de aprovecharse del gobierno mexicano al vender a sobreprecio la “planta chatarra” de Agronigrogenados.

Al pisar territorio mexicano el acusado inició de inmediato su defensa, sus abogados presentaron suspensión que frenó la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.

A pesar de esta medida, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte determinó que el empresario debía comparecer desde ayer mismo para enfrentar las acusaciones por el caso Agro Nitrogenados.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de Ancira continuaba en el Centro de Justicia Penal Federal.

El juez Segundo de Distrito en Amparo de la CDMX concedió la medida a Ancira, pero puso como requisito a una garantía de 50 mil pesos.

La Fiscalía General de la República tampoco fue notificada de la decisión del juzgador en materia de amparo, incluso, parte de la defensa acudió al hangar para informar de la decisión del juez de amparo, pero se les impidió el acceso.

“Hoy se dictó una suspensión provisional contra la ejecución de la orden, toda vez que no es un delito grave, no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa “, indicó el abogado José Luis Castañeda.

El empresario llegó a México desde España, donde estuvo recluido durante un año y ocho meses, al aeropuerto capitalino a las 17:11 horas en la nave Bombardier Challenger matrícula XB NWD.

Al arribar se le aplicó el protocolo médico, ya que, según sus abogados, padece diabetes, entre otras enfermedades y debido a su edad y a la pandemia por COVID-19, es una persona vulnerable.

Ancira también solicitó, la noche de este martes, una suspensión a otro juzgador para que no sea ingresado al Reclusorio Norte y se le aplique otra medida cautelar.

Ancira es señalado por la venta irregular de la planta de Agro Nitrogenados y el delito que se le imputa no ameritan prisión preventiva oficiosa.

En 2019, el empresario pagó un millón de euros para quedar en libertad luego de ser detenido en mayo, en Mallorca.

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