El presidente de México ha vuelto a la carga este jueves por el caso Ayotzinapa y ha asegurado que se intentó dinamitar la investigación desde la Fiscalía. Durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador ha dicho, sin poner nombres, que se buscó aumentar el número de militares acusados con el objetivo de que “no se actuara” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. “Le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar”, ha comentado. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha confirmado además que le ofrecieron a Tomás Zerón, el antiguo jefe de investigación del caso, un criterio de oportunidad para que colaborara con la justicia, pero que este lo rechazó, tal y como había adelantado The New York Times.
No es la primera vez que el presidente apunta contra quienes llevaron el expediente judicial los primeros años de este sexenio. El fiscal Omar Gómez Trejo fue quien estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) hasta septiembre pasado. Gómez Trejo dejó su puesto tras semanas de desencuentros y choques con el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. La unidad que investigaba el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en la desaparición de los jóvenes. Poco después la FGR solicitó la cancelación de al menos 21 de esas órdenes de detención, entre quienes figuraban 16 militares, que habían sido acusados de delincuencia organizada.
Tras la renuncia de Gómez Trejo, López Obrador dijo que las acusaciones contra militares buscaban levantar una “rebelión” en el Ejército para que no se tocara a nadie. El presidente dijo en varias ocasiones que la UEILCA actuaba supuestamente de acuerdo al informe que desarrolló la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, creada por él mismo a su llegada al poder, y ha señalado que no entiende por qué había órdenes de aprehensión contra militares que no aparecían en el informe de la Comisión. “Se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 ordenes de aprehensión. Yo sostengo que quisieron dinamitarnos la investigación”, ha dicho este jueves.
Como la UEILCA actuó “sin tomar en cuenta el informe”, ha señalado el presidente, “se decidió actuar como se hizo y esto les molesto a muchos”. El fiscal general aisló a la unidad, le quitó los policías ministeriales que tenían para investigar, y la contradijo públicamente. Los desencuentros desataron una guerra interna al interior de la FGR. Uno de los puntos críticos fue el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, el arquitecto de la verdad histórica, actualmente en prisión acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Varias discrepancias en este asunto llevaron al fiscal general a apartar a la UEILCA de este proceso. “Aquí no solo están involucrados los autores materiales e intelectuales, aquí están involucrados muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron”, ha defendido López Obrador.
El informe de la Comisión de la Verdad, sin embargo, fue puesto en duda en parte por el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el caso Ayotzinapa (GIEI). El pasado 29 de septiembre, los expertos criticaron una sección del informe presidencial en la que analizan una serie de mensajes que intercambiaron integrantes de la red criminal de Iguala en la época del ataque porque su veracidad no está contrastada. Este punto ha sido rescatado esta semana por un reportaje de The New York Times, que asegura que Encinas admitió “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial [por parte de la Comisión de la Verdad] no pudo verificarse como real”. El subsecretario ha intentado rebajar sus propios dichos este jueves, defendió su trabajó y aseguró que es el primer sorprendido por lo publicado por el medio estadounidense.
El reportaje relata además una reunión que mantuvo Encinas con Zerón en Israel, donde el exfuncionario se esconde de la justicia mexicana que busca acusarle de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. De acuerdo a la explicación del subsecretario, fueron los padres de los normalistas quienes solicitaron que, si no avanzaba el tema de la extradición, se buscara un canal de comunicación con Zerón.
Fue así que el Gobierno mexicano decidió un criterio de oportunidad para que colaborara con la justicia y dijera dónde se encuentran los estudiantes. “Sostuvimos una reunión en la que se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar se cumpliría de manera puntual, no lo aceptó. Aunque todavía hay contacto con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso”, ha confirmado Encinas.