El presidente busca la desaparición de siete organismos autónomos y entes reguladores. Así lo anunció Andrés Manuel López Obrador, al presentar su ambicioso paquete de reformas este lunes. El mandatario quiere fulminar órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La apuesta del Gobierno es que el recorte se utilice para financiar el reparto de pensiones y programas sociales que impulsa. Para ser aprobada, la reforma necesita de los votos de la oposición, que considera la propuesta como un retroceso democrático y como una afrenta a las instituciones que sirven como contrapesos al poder presidencial.
López Obrador hizo varias alusiones al “neoliberalismo” en el discurso en el que presentó las iniciativas y a la necesidad de redistribuir el gasto público. Desde diciembre pasado había adelantado su intención de desmantelar los organismos públicos, al considerar que “no sirven para nada” y que son “facciosos, onerosos y antipopulares”. “Se propone eliminar todas las dependencias y organismos onerosos, supuestamente autónomos”, dijo en esta última ocasión. “Son autónomos del pueblo, no de la oligarquía”, ironizó. “Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto”, se lee en la exposición de motivos del texto propuesto.
López Obrador había dicho que pretendía desaparecerlos a “todos” en un primer momento, pero después aclaró que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se verían afectados por su iniciativa. La lista de órganos sujetos a desaparecer incluye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se sumarían a la Cofece, la CRE y el INAI.
“El presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 a 2024, equivale a 5.385.591,03 Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”, se lee en la iniciativa. El Gobierno asegura que ha asignado más de 32.300 millones de pesos a estos organismos en este sexenio. El IFT es el que más recursos ha recibido con más de 11.400 millones de pesos de presupuesto entre 2018 y 2024 durante el sexenio. Le sigue el INAI con más de 6.900 millones de pesos y la Cofece, que supera los 4.300 millones de pesos. “Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable”, se señala en uno de los artículos transitorios.
El presidente ha tenido múltiples roces con estas instituciones, diseñadas para tener independencia frente al poder en turno y contrarrestar medidas del Gobierno o de intereses privados que vulneren los derechos de los ciudadanos. Durante su sexenio, el mandatario ha frenado designaciones clave en los órganos directivos de estas instituciones y los ha llevado al punto de la parálisis. Los funcionarios que se verían afectados por la desaparición de estas instancias han pedido que el debate legislativo sea plural y que sus puntos de vista sean considerados.
La reforma, una de las prioridades en la agenda de la mayoría legislativa que encabeza Morena, tiene implicaciones políticas y económicas. El proyecto de ley está previsto a ser presentado en la Cámara de Diputados y encenderá el debate sobre la utilidad de estos organismos. La oposición los considera una conquista democrática gracias a la alternancia en el poder y reclama que su desaparición es un “capricho presidencial”.
El Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza opositora más votada, tildó la iniciativa como una “embestida” y una “locura megalómana”. Sus aliados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante siete décadas de forma ininterrumpida, señaló en enero que los tiempos del “poder absoluto”, en los que “se escuchaba la voz de un solo hombre”, han quedado atrás. Movimiento Ciudadano ha manifestado que no ve viable la desaparición de estas instituciones. Los posicionamientos previos de los partidos opositores pronostican un futuro incierto para la iniciativa. “Morena sabe que no cuenta con los votos necesarios para consumar este asalto a la democracia y a la vida institucional que sostiene a esta nación”, dijo el PRI en un comunicado.
Al margen de la discusión sobre los presupuestos y cómo podrían utilizarse los recursos que se ahorrarían al eliminarlos, está en la mira también qué pasará con los entes reguladores, como la CRE y la Cofece, que desempeñan un papel clave en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. El argumento del bloque gobernante es que los cambios constitucionales previstos en las reformas de López Obrador los hacen innecesarios y que sus funciones pueden ser asumidas por otras áreas de la Administración Pública Federal. Las tareas de la Cofece pasarían a la Secretaría de Economía, las del IFT a Comunicaciones y Transportes, y las del Coneval al Inegi. Las atribuciones del INAI sobre rendición de cuentas recaerían en la Secretaría de la Función Pública para el Ejecutivo, las contralorías del Congreso y en un nuevo órgano de vigilancia que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal en el caso del Poder Judicial, según la propuesta. Bajo el esquema propuesto, el Gobierno se auditaría a sí mismo.
Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición opositora, adelantó en su plataforma electoral que buscará fortalecer a los órganos autónomos y “reparar lo destruido”. El INAI, encargado de vigilar la rendición de cuentas del Gobierno, acapara los reflectores de la discusión. “Ellos ahora quieren desaparecer al INAI para que no se sepa quién se roba el dinero del pueblo”, dijo Gálvez en diciembre pasado. Morena ha insistido en que es momento de poner a examen el desempeño de estos organismos, poco conocidos por la mayoría de la población, y ha exigido altura de miras en el debate parlamentario.
La batería de reformas constitucionales llegan a cuatro meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, en las que también se renovará el Senado y la Cámara baja, entre alrededor de 20.000 cargos públicos del orden federal y local. La discusión parlamentaria estará atravesada por la campaña electoral, que empieza formalmente en marzo próximo. Mientras tanto, López Obrador alista su última batalla en el Congreso, con un ojo en su legado como presidente y el otro en sentar las bases del próximo Gobierno.
-El País