De manera unánime —con 395 votos— el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el cual se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Interno Forzado.
Con esta nueva legislación, que pasa al Senado para su revisión, el Estado espera proteger a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública, violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales y religiosos; disputas por recursos naturales, desastres naturales, discrimación, entre otros factores.
Las fuerzas políticas de la Cámara coincidieron en señalar que el gobierno de México tiene una deuda con todo este sector de la población que se ha ido de su hogar para salvaguardar su vida, ya que hasta ahora no hay ninguna ley en la materia.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización experta en el tema, hasta ahora se ha registrado al menos el desplazamiento de 346 mil 945 personas.
Por ese motivo, los diputados aprobaron el dictamen de ley para crear un mecanismo nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno.
Asimismo, se busca crear un Registro Nacional de Personas Desplazadas y se establecerá un Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado.
“No más violencia a los derechos humanos; todas y todos debemos vivir en condiciones dignas y seguras. Proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, así como prevenir nuevos desplazamientos es la meta”, indicó Lizeth Guerra, diputada de Morena.
Mientras que Tonatiuh Bravo, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, expresó: “Hoy damos un paso decisivo en esta materia para reconocer el desplazamiento interno forzado en México como un problema, y como consecuencia se propone el reconocimiento de diversos derechos para enfrentar este fenómeno social”.
La ley general aprobada por los diputados establece que será aplicable a la Federación, los estados y los municipios, por lo que deberían trabajar en conjunto para su cumplimiento.
Para llevar a cabo esta normativa, los legisladores también prevén que la actual Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados amplíe sus responsabilidades y se encargue del tema, al mismo tiempo que habría un Consejo Nacional Ciudadano para vigilar el trato que se le da a las personas desplazadas.
Respecto a los recursos económicos para que esta legislación pueda funcionar, diputados del PAN llamaron la atención de las autoridades correspondientes para que se entreguen recursos al fondo nacional, el cual sería administrado por la Secretaría de Gobernación.