El Presidente de Argentina autorizó medidas para identificar y, en último recurso, derribar aeronaves que invadan el espacio aéreo de ese país, como aquellas operadas por el narcotráfico.
Argentina declaró la emergencia de seguridad pública por el lapso de un año para luchar contra la situación de peligro colectivo causada por el tráfico de drogas.
El Presidente Mauricio Macri lo había presentado como una de sus promesas durante la campaña y dejó el decreto firmado antes de subirse al avión que lo llevaría al Foro Económico de Davos, en Suiza.
El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las Fuerzas Armadas a derribar naves hostiles, luego de una serie de pasos para identificar, advertir, e intimidar, de acuerdo con un protocolo.
“El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”, manifestó el comunicado de la Presidencia.
Argentina se convirtió en un punto de despacho de cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia, la que está destinada a África y luego es enviada hacia destinos más lucrativos como Europa.
La medida también refuerza la vigilancia de la frontera fluvial.
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad y que tendrá a su cargo la implementación de la Emergencia, en la que también intervendrán Defensa, Transporte y Comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo.
“El año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos. Tomamos las reglas que se instrumentaron nueve veces en los últimos 10 años, y levantamos su carácter secreto”, aseguró en referencia a nueve decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2014, con vigencia acotada a un tiempo determinado y por lo general a pedido de otros Gobiernos, con motivo de visitas de Mandatarios extranjeros.
Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico, indicó un funcionario a el diario argentino El Clarín.
La fuente adelantó que estará coordinado por el Gabinete de Seguridad Humana, se pondrá en marcha con asistentes sociales y policías de prevención, para contener e iniciará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.
El decreto considera como delito complejo y crimen organizado la producción, el tráfico y la comercialización de drogas, el contrabando de armas, el terrorismo, las asociaciones ilícitas para cometer delitos por fines políticos o raciales, el fraude contra la Administración Pública, la prostitución de menores, la trata de personas y la extorsión, entre otros.
Crea el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, faculta al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, a modificar partidas presupuestarias para la compra del material necesario para vigilar fronteras, la hidrovía, los puertos y otros gastos.
Además, autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de las cuatro fuerzas federales, con excepción de condenados por delitos de lesa humanidad, procesados o retirados por razones disciplinarias.
La decisión llega días después de la captura de tres fugitivos condenados por crímenes relacionados con el narco, cuyo escape de la cárcel tuvo al país en vilo durante dos semanas y dio indicios de corrupción en las fuerzas de seguridad.
Argentina es uno de los mayores exportadores de alimentos a nivel global.
A orillas del río Paraná, los muelles de Rosario son habitualmente usados para embarcar millones de toneladas de soja, trigo y maíz hacia todo el mundo.
Oficiales internacionales de la lucha contra los narcóticos llaman a Rosario “la Tijuana de Argentina”, por su similitud con la ciudad fronteriza de México utilizada para trasladar cocaína hacia Estados Unidos.
Expertos dicen que la droga ingresa a Argentina por camión o avión desde el norte del país y es transportada a Rosario, donde pandillas pelean por el control de los últimos pasos hasta el río Paraná, que conecta con Buenos Aires hacia el sur y también es puerta de salida hacia el Océano Atlántico.
El año pasado, una escalada de los delitos vinculados al narcotráfico en Rosario llevó al Gobierno Federal a hacerse cargo del control de algunas partes de la ciudad de cerca de 1 millón de habitantes.
(Agencias)