Durante la administración de Roberto Borge se enajenaron tierras a particulares que pagaron menos del 1% del valor comercial de los predios, que alcanzan una extensión de 9,500 hectáreas, que representan seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces Isla Mujeres, dijo el secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo.
Luego de que el gobernador Carlos Joaquín González adelantó en un noticiero de televisión que desde el lunes se interpusieron denuncias penales en contra de su antecesor Roberto Borge Angulo, Rafael del Pozo ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de México para precisar que las demandas fueron canalizadas ante la PGR y la Fiscalía General de Quintana Roo.
“El gobierno de Quintana Roo ha iniciado acciones para recuperar el patrimonio dilapidado durante la anterior administración”, subrayó.
El funcionario dijo la mayor parte de esas 9,500 hectáreas “se enajenaron con graves irregularidades y con precios de venta muy por debajo del valor real , en menos del 1% del costo comercial”, sostuvo.
Aunque no mencionó la denominación de de Barcos Caribe ni los nombres de los beneficiados, agregó que esos predios fueron entregados a los accionistas “de una empresa naviera que en los últimos cuatro años adquirió tres barcos con valor superior a los 7 millones de dólares. Estas personas están relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el ex gobernador”.
“Es de vital importancia que se investiguen la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”, indicó.
Reveló que la PGR y la Fiscalía General del Estado iniciaron el deslinde de responsabilidades.
Rafael del Pozo dijo que en esas 9,500 hectáreas está incluida el 60% de la reserva territorial del estado en Puerto Morelos, el 52% de Solidaridad, 36% de Benito Juárez, 23% de Cozumel, 20% de Tulum, 10% de Felipe Carrillo Puerto y 7% de Bacalar.
Precisó que las dos demandas penales fueron interpuestas en contra de Roberto Borge y de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE).