Washington.— Tiempos de guerra exigen medidas extraordinarias. Y Donald Trump, después de jurar erróneamente que la crisis del coronavirus estaba “bajo tremendo control” en Estados Unidos, se erige ahora como un presidente “en tiempos de guerra” contra un “enemigo invisible” que lo ha obligado incluso a cerrar o limitar parte de la frontera, y justificar la expulsión inmediata de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados.
Mirando hacia el norte, y conjuntamente con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordó cerrar por al menos 30 días la frontera que comparten ambos países al “tráfico no esencial”, sin que eso afecte el intercambio comercial, una medida que todavía no se plantea en el sur, para la frontera con México.
“No cerramos, no vamos a cerrarla, pero vamos a invocar una provisión concreta que nos permitirá mayor libertad sobre qué hacemos”, informó; sin embargo, la medida que aplicará es una cláusula legal que le permite “suspender la entrada e importaciones de ciertos lugares para prevenir la propagación de enfermedades”.
Con esa excusa, la administración planea deportar sin el debido proceso ni explicaciones a solicitantes de asilo e indocumentados que traten de cruzar a Estados Unidos. Varios activistas y analistas pusieron en duda la posibilidad de aplicar esa medida cuando el virus ya está dentro del país, porque la enfermedad no viene únicamente del exterior.
Washington y Ciudad de México informaron ayer que los cancilleres de ambos países platicaron el martes para coordinar una respuesta para frenar y mitigar el brote. No se informó de detalles ni posibles acuerdos. Además de eso, Trump presentó otro conjunto de medidas para afrontar la crisis, como el envío de buques hospital a Nueva York, uno de los principales focos de infección, o la futura invocación de una provisión que le permitirá intervenir empresas para que fabriquen material imprescindible para paliar contagios y reponer necesidades de los médicos, como cubrebocas.
Por la tarde, se informó que Trump ratificó un plan de ayuda social de unos 100 mil millones de dólares destinado a los trabajadores directamente afectados por las consecuencias del coronavirus. El programa incluye pruebas gratuitas para cualquier persona que las necesite, incluidas aquellas que no tengan seguro, así como bajas por enfermedad de “emergencia”, con hasta dos semanas de licencias pagadas para los empleados a jornada completa.
Además, el gobierno hizo una petición extraordinaria de fondos al Congreso por 45.8 mil millones de dólares para afrontar los costos imprevistos derivados de la crisis, de los cuales más de 815 millones serían destinados a 13 instalaciones de cuarentena para migrantes en la frontera, incluyendo gastos médicos, el pago de “vuelos chárter para continuar deportando extranjeros con órdenes de expulsión” por la reducción de rutas comerciales, y mejoras en el control de los migrantes detenidos para “minimizar el riesgo de exposición de los [inmigrantes] detenidos y prevenir la transmisión [del virus] en el sistema de detención”.
Otra medida que afectará a la comunidad migrante es el cierre hasta el 1 de abril (por ahora) de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), que obligará a retrasar las ceremonias de nacionalización y pospondrá las renovaciones del programa DACA, entre otros. Se cancelaron, al menos hasta el 10 de abril, todas las audiencias de deportación en las cortes estadounidenses para aquellos migrantes que no están en centros de detención.
Por otra parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que sólo se enfocará en la detención de personas que viven sin permiso en Estados Unidos que representan un peligro para la seguridad pública o que sean criminales. No habrá arrestos, excepto casos excepcionales, en centros médicos. El anuncio es un intento por dispersar el miedo de aquellos migrantes que enfermen.
La crisis en el país continúa con sus efectos. Ayer se informó del primer caso en en el Congreso: el republicano Mario Díaz-Balart.
Cada vez más ciudades y estados aplican medidas restrictivas y cierran comercios, que significan pérdidas de empleo a gran escala. Un estudio de la radio-televisión pública apuntaba que 18% de los hogares se han visto afectados a nivel laboral.
Las solicitudes de desempleo se han disparado, y a pesar de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, apuntara que el paro podría llegar a 20%, Trump desestimó que se llegara a ese punto.
A pesar del tono más sobrio de esta semana, hay cosas que no cambian en Trump, como su retórica despectiva y a veces racista. Si bien en algunas ocasiones se refiere al Covid-19 como “un enemigo invisible”, la mayoría de las veces lo hace como el “virus chino”, lo que para muchos es despectivo y causa problemas y daños a la comunidad china. “No es racista en absoluto”, se defendió Trump, quien tampoco vio como ofensivo que gente de su administración lo definiera “Kung-flu”, jugando con las palabras “flu” (gripe) y el arte kung-fu. “Vino de China. Quiero ser preciso”, argumentó.