Cancún, 25 de octubre 2022.- La asociación “Ciudadanos por la Transparencia” (CxT) lanzó una iniciativa que busca documentar y sistematizar los diversos casos de corrupción detectados en procesos de planeación urbana de Quintana Roo, a fin de exponer sus impactos, prevenirlos, sancionarlos, emitir recomendaciones y solicitar que el tema sea incorporado a la Política Anticorrupción del estado.
El tema de la planeación urbana es altamente relevante para una entidad con un intenso ritmo de desarrollo, que conjuga la fragilidad de recursos naturales de gran valor ambiental, social y económico, con la necesidad de vivienda y servicios públicos para municipios con altos índices de migración que, como Cancún, Solidaridad y Tulum, siguen creciendo a doble dígito, sin contar con su vocación turística, que representa un oasis para la hotelería.
En conferencia de prensa, Cynthia Dehesa y Alicia Mateos, representantes de la agrupación, indicaron que el “Programa de Intersección entre corrupción y planeación gubernamental”, que inicia hoy, es el primero en su tipo en la entidad y surge de la indignación ciudadana, cada vez más creciente, acerca de las irregularidades cometidas históricamente en los procesos de formulación, elaboración o actualización y aprobación de instrumentos de planeación urbana o ecológica.
Explicaron que los actos de corrupción en Programas como de Desarrollo Urbano (PDU), Ordenamiento Ecológico (Poel) o Programas Municipales de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), producen impactos ambientales y sociales en el territorio, además de sujetar a los gobiernos a gastar millonarios recursos públicos para hacer frente a esos impactos, mientras otros se benefician de ello.
¿Cuántos millones de pesos, emanados del recurso público se necesitarán para revertir los impactos provocados por el cambio de uso de suelo que fue aprobado en un sitio indebido o que eleva la densidad en una zona urbana?, cuestionaron, al agregar en la magnitud del daño que puede ocasionar el aprobar un cambio de uso del suelo o densificar un área verde.
Ambas señalaron que en la historia de Cancún es sabido que a través de los PDUs se genera especulación de la tierra para intereses personales y que estos instrumentos de planeación urbana responden al dinero y no al beneficio de la población.
Dehesa manifestó que la iniciativa anunciada este martes busca, en principio, ordenar la conversación en materia anticorrupción y cómo se inserta en los procesos de planeación, para poder identificarla, tipificarla, describirla, prevenirla y sancionarla.
Expuso que la no existe un antecedente de este ejercicio y que la Política Anticorrupción y su Programa de Implementación no contempla esa conexión –corrupción-planeación urbana– pero se irán documentando casos existentes, conocidos o nuevos.
Como ejemplo citó cuando el Estado planea realizar una inversión pública fuerte y la información correspondiente se vende para que gente compre los terrenos aledaños, pero se genera especulación para que aumenten de precio y ellos se vean beneficiados con el aumento de la plusvalía.
Ese grupo privilegiado –explicó– se beneficia altamente por procesos de planeación no pensados para atender las necesidades ciudadanas, sino para hacer negocios.
Alicia Mateos puso más ejemplos, entre ellos, cuando previo o durante procesos electorales se promueven invasiones para ganar votos entre la población urgida de vivienda, con los consecuentes impactos que ello genera ante la ausencia de servicios públicos, además de romper con la planeación urbana.
Expuso también la cooptación de los procesos de desarrollo urbano, cuando desde gobiernos previos se va “cocinando” el cambio de uso de suelo para favorecer intereses privados, como en el caso del campo de golf de Pok Ta Pok, ubicado en un residencial del mismo nombre en la zona hotelera de Cancún.
“Desde gobiernos se deja morir un campo de golf, para luego promover el cambio de uso de suelo” –señaló– para luego abrir la posibilidad de densificarlo y, finalmente, construir en el sitio con impactos a los habitantes del fraccionamiento.
“El efecto es hacia la comunidad”, manifestó, respecto a la creciente polémica por la actualización del PDU-2022 aprobado el pasado 15 de septiembre por el Cabildo de Benito Juárez y publicado en el Periódico Oficial del estado, un día después.
Fundadores de Cancún, pioneros, académicos, integrantes de cuerpos colegiados e incluso la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres se han manifestado en contra del PDU y específicamente contra la eventual densificación del campo de golf de Pok Ta Pok, que quedó dentro de lo que la ley denomina “Polígono de Actuación”, para ser rehabilitado como zona de reciclamiento urbano.
Lo anterior significa que se tendrá que elaborar un Plan Maestro que establecerá nuevos parámetros urbanos, es decir, densidades, usos de suelo y otros. Los dueños del campo de golf y una empresa desarrolladora persiguen su densificación desde 2009 para construir ahí torres condominales y fueron los que pidieron que Pok Ta Pok quedase dentro de la lista de Polígonos de Actuación.
En ese listado, sometido a consulta pública meses atrás, solo aparecían 8 polígonos, pero de último momento, a espaldas de la ciudadanía y participantes de esa consulta, se anexaron tres, uno de ellos, Pok Ta Pok.
Ese caso no es el único. El PDU anterior, versión 2018-2030, se mantiene judicializado desde 2019 y el asunto sigue abierto, pues recientemente se ampliaron las demandas, anexando la actualización del PDU 2022. Antes de ello hubo problemas con el PDU 2014, 2013 e incluso con el 2005.
En Solidaridad, el PDU aprobado por la administración del entonces alcalde, Carlos Joaquín González –ahora exgobernador de Quintana Roo– fue controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el gobierno federal, que casi una década después volvió a inconformarse por los PMOTEDUS de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Bacalar y Cozumel, que el máximo tribunal del país mantiene suspendidos en lo que se dirimen las respectivas controversias constitucionales.
Dehesa y Mateos llamaron a la ciudadanía y diversos sectores de los 11 municipios a enviar los casos de irregularidades o posibles actos de corrupción –incluso de manera anónima– para documentarlos como parte de la iniciativa lanzada, que busca meter freno a la corrupción en procesos de planeación urbana, en principio, para luego involucrarse en otros mecanismos de planificación.