El viernes 28 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, fue detenido en Tepic, Nayarit, el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien enfrentará cargos por delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al exfuncionario lo relacionan con la organización criminal Guerreros Unidos, a quienes se les atribuye la desaparición de los estudiantes, en septiembre de 2014.
La orden de aprehensión liberada en su contra fue ejecutada hace un mes por el juez Federal de Procesos Penales del Estado de México; por ahora, Vázquez Pérez se encuentra recluido en el penal “El Rincón”, de Tepic, a la espera de ser trasladado para iniciar el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con las investigaciones por el caso Ayotzinapa, Leonardo Octavio Vázquez, quien encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública, presuntamente impidió la actuación para proteger a los jóvenes en Iguala.
‘Se rompió la confianza’, dicen padres de normalistas a AMLO
“La confianza se ha roto al día de hoy”. Vidulfo Rosales, abogado de lo familiar del caso Ayotzinapa, aseguró este jueves 13 de octubre que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una serie de señales que terminaron de “matar” la esperanza que tenían.
“Ya se rompió ese marco de confianza que se construyó durante todos estos años por todas las señales que hoy en día nos están dando”, afirmó.
Vidulfo Rosales explicó que la confianza acabó cuando la actual administración dio a conocer que Omar Gómez Trejo, entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó su renuncia.
“Vemos claramente un desmantelamiento de la Fiscalía Especial, cómo vamos a tener nosotros, las madres y los padres, confianza en un fiscal que no sabemos qué perfil, para hacerse cargo de una Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa debe tener un conocimiento del asunto, debe estar empapado (…) no sabemos que sea una persona con expertis en materia de Derechos Humanos, sobre todo en desaparición forzada”, dijo.
También agregó que el Gobierno de López Obrador mandó otra señal de desconfianza al cancelar 21 órdenes de aprehensión contra los implicados de la investigación sin dar explicaciones.
“Se está torpedeando el acceso a la justicia a los padres y madres de familia al cancelar 21 órdenes de aprehensión, sobre las cuales no hay una explicación oficial de parte de las autoridades, cómo vamos nosotros a retomar el camino del diálogo, cómo vamos a retomar este proceso de confianza que la autoridad dio”, sostuvo.