Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que busca un acuerdo con la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) para convertir en atractivo turístico la inmensa sascabera de la que por años se ha estado extrayendo material pétreo del subsuelo de Playa del Carmen para exportar a Estados Unidos, salieron a la luz situaciones irregulares en torno al sitio.
La historia, que data de por lo menos de 1986, deja ver violaciones a la ley e incumplimientos tanto de parte del Gobierno Federal como de Calica, subsidiaria de Vulcan Materials Company, que en 2017 generó 3.5 mil millones de dólares en ingresos, pues es de los mayores productores de agregados de construcción de Estados Unidos: piedra triturada, arena y grava. También produce asfalto y concreto premezclado.
En ese entonces una empresa nacional solicitó la concesión para explotar terrenos calizos en Punta Sulimán, a 2.5 km al sur de la conocida caleta de Xel Há, en virtud de que los materiales, por su alta calidad, tenían alcanzaban elevado precio en el mercado norteamericano en relación con el bajo costo que significaba su extracción.
Sin embargo, se advirtió que las operaciones en ese lugar podrían ser desventajosas y alterar el equilibrio ambiental en lugares tan valiosos como la caleta Xelhá, no sólo por los sedimentos que, producto de las explosiones, invadirían el acuario natural, sino también porque las vibraciones podrían dañar los vestigios arqueológicos de Tulum.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno del Estado propusieron entonces a los interesados buscar un nuevo sitio para la realización de sus propósitos con el menor riesgo de alteración al ambiente. El lugar elegido fue Punta INAH, o Punta Piedra, unos ocho kilómetros al sur de Playa del Carmen y a 18 km de la costa de Cozumel.
El banco de Punta INAH fue sometido al dictamen del Instituto de Ecología y del Instituto de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que definieron especificaciones reglamentarias para que esa industria extractiva no perjudicara el equilibrio ambiental de los litorales, condiciones que quedarían plasmadas en convenios. Una de las cláusulas estableció que un instituto especializado vigilaría y supervisaría que se cumpliera lo pactado.
Como ya se indicó, Calizas Industriales del Carmen es una subsidiaria mexicana de Vulcan Materials Company, fundada en 1986, en tiempos del gobernador Pedro Joaquín Coldwell. En su origen pertenecía de forma conjunta a Vulcan Materials Company y al Grupo ICA, pero Vulcan Materials Company compró Calica al Grupo ICA en 2001.
Se calcula que Calica tiene más de 400 empleados directos (norteamericanos y mexicanos) y 2 mil indirectos, entre proveedores y contratistas.
Dado que los cozumeleños nunca no encontraron en Calica la opción de transporte ágil y económico, en distintos momentos surgieron conflictos, como el ocurrido en junio de 2002 que dieron como resultado la aceptación de la empresa de realizar las obras pendientes para que pudiesen operar los transbordadores de carga a Cozumel desde Punta Venado.
A las personas que viajaran en el ferry se les cobraría una tarifa de seis pesos por pasajero residente en Cozumel, Benito Juárez o Solidaridad.
Las cosas no funcionaron así y desde hace tiempo representantes de la empresa negocian con el ayuntamiento de Solidaridad y otras autoridades para intentar cambiar el uso de suelo de la zona en Punta Venado, de reserva natural a minero para continuar la extracción de material pétreo en más de mil hectáreas de selva del municipio de Solidaridad, en los predios conocidos como La Adelita y El Corchalito.
Ante la amenaza de perder su concesión, Calica dice que ésta vencerá en 2037 para la operación de la terminal portuaria que sirve para carga, almacenamiento, manejo y distribución de material pétreo. El Gobierno Federal apunta que las concesiones tienen vigencia de 20 años para extraer material y usar el puerto para llevar el material a Estados Unidos por barco, pues le fueron entregadas el 30 de noviembre del 2000, dos días antes de que concluyera el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Esa jugada no sólo representó un golpe a las aspiraciones de los cozumeleños de tener un sistema de comunicación con tierra y abastecimiento ágil, seguro y rápido que terminara con el aislamiento nocturno.
Vale apuntar que, en su VI Informe de Gobierno, Pedro Joaquín Coldwell aseguró que Quintana Roo se beneficiaría con esa concesión porque, una vez hechas las excavaciones, se construiría una dársena en torno de la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a hacer un muelle para transbordadores, a fin de comunicar a Cozumel con el continente. Eso no se cumplió.
En ese entonces la comunicación por este medio, entre Puerto Morelos y Cozumel, estaba a cargo del Servicio de Transbordadores, representaba tres horas de viaje y sólo era posible realizar un viaje al día, insuficiente para satisfacer las necesidades de abasto de la isla.
Con el nuevo muelle de Punta INAH el gobierno del Estado vio una solución, pues la travesía se reduciría a una hora y se podrían realizar varios viajes diariamente, con lo que aumentaría la capacidad de transporte y la provisión de víveres para los isleños.
El proyecto estaba avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología y representaba un beneficio amplificado para Cozumel, con riesgos de degradación ambiental debidamente controlados, todo bajo las más estrictas normas del servicio público.
Hoy la situación no ha cambiado mucho. Si bien el abastecimiento mejoró, para los cozumeleños salir de la isla sigue siendo caro y están a merced de las decisiones de navieras que, más que nunca, buscan monopolizar el servicio.
Y mientras eso no se resuelva, seguirán siendo presa de las navieras que sólo buscan el beneficio propio.