Ciudad de México, 14 de noviembre de 2024 – La Cámara de Diputados aprobó, con 335 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 108 en contra, un dictamen para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, eliminando de la lista inicial los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. La propuesta fue impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien explicó que la exclusión de estos delitos responde a un enfoque de responsabilidad social y económica.
“Necesitamos unidad nacional. Morena, el PT y el Partido Verde actuamos con responsabilidad”, declaró Monreal, al justificar la exclusión de la defraudación fiscal del catálogo de delitos graves, tras dialogar con sectores económicos del país.
La ampliación incluye delitos como extorsión y actividades relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, cubriendo desde la introducción hasta la distribución de precursores y sustancias químicas. La discusión se extendió por más de ocho horas y estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición.
Pablo Vázquez Ahued, del partido Movimiento Ciudadano, advirtió que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa podría perpetuar un sistema ineficiente, señalando que la población en prisión preventiva ha aumentado sin una disminución significativa en la incidencia delictiva. En México, el 45% de las personas privadas de la libertad están en prisión preventiva, y este número ha crecido en un 25% en los últimos seis años.
Por su parte, el priista César Alejandro Domínguez criticó que el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa se ha expandido de seis a 22 desde 2019, y destacó que la evaluación de esta figura, programada para abril de 2024, nunca se realizó. Graciela Ortiz, también del PRI, recordó que el ministro Arturo Zaldívar había cuestionado la prisión preventiva oficiosa como una “pena adelantada” que vulnera los derechos humanos.
Annia Gómez, diputada del PAN, señaló que la figura es contraria a las normas internacionales de derechos humanos y que la prohibición de interpretación judicial para inaplicarla mantiene la violación de derechos fundamentales, como la libertad y la presunción de inocencia.
Sin embargo, el morenista Leonel Godoy defendió la ampliación, argumentando que la prisión preventiva oficiosa es una medida necesaria ante el aumento de extorsiones en la modalidad de “pago de piso”, la cual afecta tanto a empresarios como a trabajadores y comerciantes.
En una declaración sorpresiva, Monreal también anunció que Morena promoverá próximamente una reforma fiscal profunda, buscando una mayor contribución de quienes más tienen para lograr una sociedad más igualitaria, en contraste con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anteriormente rechazó dicha propuesta.
Este nuevo dictamen y la postura de Morena respecto a la prisión preventiva y una posible reforma fiscal abren un debate sobre la justicia y la política fiscal en México, enfrentando al oficialismo con la oposición y con organismos internacionales de derechos humanos.