Cancún, 11 de julio (Infoqroo).- La reforma al artículo 186 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que incrementa las sanciones para los conductores que manejen en estado de ebriedad, puede generar más problemas que soluciones, aseveró el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra.
En conferencia de prensa, explicó que de acuerdo con las reformas de ley al Artículo 186 de la Constitución Política de Quintana Roo, los automovilistas que manejen alcoholizados en Cancún serán encarcelados hasta 4 años.
Sostuvo que se oponen a esta medida porque al incluirse este “delito” en el Código Civil estatal, no sólo los agentes de tránsito podrán detener a los automovilistas, sino también elementos de otras corporaciones, lo que abre aún más la posibilidad de actos de corrupción.
Subrayó que el Observatorio Legislativo de Quintana Roo ha señalado que esta reforma puede generar controversias con el reglamento de tránsito de los municipios, ya que considera estas situaciones como faltas administrativas y no como delitos penales.
Además, la falta de instrumentos para medir el grado de alcoholemia en el sitio y la necesidad de que la disposición del infractor se realice ante el Ministerio Público pueden generar actos de extorsión y corrupción por parte de los agentes de tránsito y demás policías.
Reiteró que esta reforma no introduce un nuevo tipo penal en el Código del Estado, sino que simplemente aumenta las sanciones para los conductores que manejen en estado de ebriedad, además de que ya existe un artículo en el Código Penal que contempla los casos en los que el conductor está en estado de ebriedad y causa lesiones o incluso homicidio.
Otro punto a considerar es la armonización con respecto al reglamento de tránsito de los municipios, que considera estas situaciones como faltas administrativas y no como delitos penales.
“Esto puede generar conflictos de normas, especialmente por las diferencias en la calificación de estado de ebriedad entre el Código Penal del Estado de Quintana Roo y el reglamento de tránsito de los municipios”, insistió.
Por otro lado, puntualizó que el incremento en las multas para castigar estos hechos ya ha generado una cantidad de actos de extorsión y corrupción por parte de los agentes de tránsito municipales.
“Con esta medida, que convierte el manejar en estado de ebriedad en un delito penal, se puede prever que cualquier policía podría esgrimir este probable delito para hacer detenciones de vehículos y generar aún más hechos de extorsión y corrupción”, concluyó.
Es necesario buscar alternativas más efectivas y justas para prevenir accidentes viales causados por el consumo de alcohol, sin generar controversias con el reglamento de tránsito de los municipios y sin fomentar la corrupción.