La comisión de justicia del Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de hidrocarburos que penaliza hasta con 60 años de cárcel el robo y comercio ilícito de petrolíferos. Esta iniciativa también tipifica el sabotaje a instalaciones petroleras, y castiga con la pérdida de la concesión a los permisionarios que vendan litros incompletos de gasolina.
Además, considera el marco jurídico derivado de la reforma energética que abre el mercado de la industria petrolera y tipifica el delito de terrorismo en materia de hidrocarburos, que podría castigarse con 40 y hasta 60 años de prisión, además de multas que van de los 65,000 hasta los 75,000 salarios mínimos.
El robo de combustible se tipifica como delito grave, por primera vez, sin derecho a fianza. La nueva ley pasó al pleno para su votación la siguiente semana, y posteriormente será enviada a la Cámara de Diputados. Se logró el apoyo de la izquierda al incluirse la precisión de que en torno de instalaciones petroleras “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
El mercado ilícito de combustibles, en 2011, ascendió a 23,900 millones de pesos, y en 2012 subió a 33,200 millones de pesos, en tanto que de septiembre de 2013 a agosto de 2014 las pérdidas sumaron 15,300 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por el senador del PRI Omar Fayad.
La nueva ley establece que se sancionará a quien compre, enajene, reciba o negocie dichos productos robados con conocimiento de su origen. De esta forma la cadena delictiva puede ser castigada por la ley. Cuando al cargar el tanque de gasolina o de diésel se entregue “una cantidad inferior, desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición del expendio”, también serán sancionados los comerciantes.
A ellos se les podrían sufrir la suspensión de actividades o la cancelación de la franquicia, concesión, permiso, asignaciones o contratos, así como la disolución y liquidación de la sociedad.
El dictamen que será sometido al pleno el próximo martes, contempla sanciones que van hasta los 70 años de cárcel para quien incurra en este tipo de delitos.
“Es un nuevo instrumento legislativo que realmente le de armas a la autoridad para poderlo combatir en serio, hay un nuevo catálogo de delitos, hay una serie nueva de penalidades, se aumentan las penalidades, se ve la parte de crimen organizado que no se había visto y que hoy es un factor importante en esta materia y pienso yo que con esta nueva ley no se seguirán burlando los delincuentes que son incluso detenidos en flagrancia porque los instrumentos legales y la ley como está actualmente no lo consideraba un delito grave”, apuntó el senador del PRI, Omar Fayad.