CANCÚN, MX.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo incurrirá en una violación a la ley en caso de que detenga y pretenda remitir al corralón a las unidades de Uber, pues no está en las facultades de esta dependencia realizar este tipo de acciones, adelantó Sergio González Rubiera, encargado de la cartera de Transporte en el equipo de transición del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Luego del inicio del reclutamiento de socios de Uber en Cancún esta semana, el también dirigente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes aseguró que el gobernador electo externó su beneplácito por la entrada de un nuevo servicio de transportación en la ciudad; adelantó que no habrá contrarreforma al artículo que hoy impide a Uber operar libremente, sino que se hará una ley de transporte en el estado totalmente renovada, que contemple el uso de nuevas tecnologías así como nuevas regulaciones que pongan una solución definitiva a la pugna por el pasaje entre taxistas y camionetas con placas federales.
“El gobernador Carlos Joaquín ve con buenos ojos el tema de Uber porque se puede favorecer el entorno de competitividad mejorando el transporte, porque habría una desregulación a las tarifas”, explicó.
Al regirse Uber por la ley de la oferta y la demanda, automáticamente incidirá en las precios de transporte que se cobran en la ciudad, aseguró.
“No se tratará de nuevas contrarreformas o parches a la ley, sino de una nueva ley que regule desde la transportación turística el uso de nuevas tecnologías y el empleo de vehículos alternativos como las bicicletas, no para uso recreativo sino como medios de transporte en la ciudad, es decir, bicitaxis”, añadió.
Además, indicó que se corregirá de manera inmediata la aplicación del actual reglamento de transporte en el estado, el cual data de hace 30 años, lo que lo hace incluso anterior a la Ley de Transporte actual, que se reformó hace 20 años.
“Estamos en Quintana Roo ante un escenario de ilegalidad, aplicando un reglamento que data de antes de publicar la actual ley de transporte, lo cual es una aberración jurídica”, aseguró.
Sin embargo, precisó que en tanto no entre en funciones el nuevo gobierno el próximo 25 de septiembre, le tocará a la saliente administración de Roberto Borge Angulo tener que resolver la entrada en operaciones de Uber, sin excesos y en apego a lo que hoy dicta la ley.
Confirmó que el gobierno entrante que encabezará Carlos Joaquín impulsará una reforma de ley que elimine los candados impuestos a la operación de este tipo de plataformas tecnológicas en el estado, aunque no aclaró cómo lidiarán con los operativos anunciados por la Sintra en estos últimos días de la administración.
Lo que dice la ley
Cabe recordar que desde el pasado 22 de julio del 2015 está aprobada en Quintana Roo la adición del artículo 31 bis a la Ley de Tránsito y Transporte y Explotación de Vías Carreteras, que regula el uso de nuevas tecnologías para brindar el servicio público de autotransporte.
La ley establece que “para la prestación del servicio público de autotransporte será necesario contar con la autorización del Ejecutivo del Estado mediante concesión que al efecto otorgue el titular de éste. A su vez, indica que “no será servicio público de transporte de pasajeros el que se pretenda brindar o se brinde por particulares sin la autorización del titular del Poder Ejecutivo a que hace referencia el artículo 32 de esta ley, independientemente de que dicho servicio se haya solicitado y pactado, por medio de contrato verbal, escrito, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de Internet, de correo electrónico, de teléfono, incluyendo celulares, aplicaciones o programas utilizados por dichos medios. La realización de esta actividad será sancionada en términos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables”. (Fuente: El Economista)