Cancún.- La inclusión del artículo 7 transitorio de la Ley de Ingresos del Estado, que establece la exención de impuestos para los nuevos casinos que se instalen con inversiones mínimas de 40 millones de pesos, fue una trampa que debe ser revertida y sobre la cual debe dar una explicación el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, José de la Peña Ruiz de Chávez, manifestó el también diputado José Luis “Chanito” Toledo Medina, del Movimiento Ciudadano (MC).
Además, exigió una investigación a fondo sobre lo que consideró “un acto de corrupción” y sobre lo que sucede con el trabajo legislativo, para evitar la opacidad y “dar la cara, como lo estoy haciendo, para explicar y decir cómo son las cosas”.
Nos quisieron ver la cara a los quintanarroenses, pero aquí estamos para decirles que no lo vamos a permitir, continuó. Ayer personalmente metí un documento a la Comisión Permanente, que preside Cristina Torres Gómez, para pedir que de manera inmediata convoque a un periodo extraordinario en el que se apruebe una iniciativa para derogar el transitorio 7 y dejar fuera lo que a todas lunes fue una trampa.
“Chanito” insistió en que se debe ir más allá porque esto amerita consecuencias. En ese sentido, dijo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), que preside la morenista Reyna Durán Ovando, debe abrir una investigación por el ejercicio indebido de funciones y uso ilícito de atribuciones que hizo el diputado De la Peña Ruiz de Chávez, para no sentar un precedente de corrupción y mal manejo de las atribuciones personales.
“El Congreso no debe ser comparsa de una camarilla que sólo quiere pagar arreglos personales o algunos asuntos, sino actuar con responsabilidad. Eso no se puede permitir ni aquí ni en ningún lado, hay un acto de corrupción que se tiene que aclarar. Espero que Morena y los coordinadores de los demás partidos podamos dar la cara”, expuso.
El legislador lamentó que la mayoría que conforma Morena no esté dando una explicación de lo sucedido y actúe como cómplice de algo que es una ilegalidad.
Además, en noviembre del año pasado el Congreso Federal modificó el artículo 28 constitucional para quitar todas las exenciones de impuestos, de modo que no podemos discutir un mes después, en diciembre, sin tener en el radar lo que están haciendo el Congreso Federal y el Senado, reforma que incluso ya está en los Estados y sólo faltan unos cuantos por aprobarla para que entre en vigor.
Esto es inconstitucional, porque como lo confirmó ayer el propio presidente de la República: no hay casinos, no hay permisos y mucho menos se pueden exentar impuestos. No nos “chamaquearon” porque entendemos profesionalmente nuestro trabajo, al menos es mi caso, respeto la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso y sé que lo que se aprueba en comisiones no puede ser modificado por el pleno.
Asimismo, dijo que los destinos turísticos de Quintana Roo no fueron diseñados para vivir de los casinos, alrededor de los cuales hay muchos asuntos delicados: drogas, alcohol, ludopatía, lavado de dinero y todo lo que conlleva la delincuencia organizada. “La inseguridad y la violencia se está volviendo cotidianas en nuestras vidas”, expuso.
Según dijo, la aprobación de ese punto perjudicaría a todos, pues al estar destinado para los nuevos casinos, los ya establecidos, los cuales pagan unos 83 millones de pesos en impuestos, se ampararían.
El legislador aclaró que esta fue una iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado enviada por el Ejecutivo y, como todas, siguió un proceso que incluyó 8 ó 10 reuniones, no sólo de quienes integran la Junta de Gobierno y la Comisión de Hacienda, sino con Sefiplan, dependencia del Ejecutivo que promueva la iniciativa.
Fueron reuniones largas, de debate profundo y se plantearon temas de la propia ley, entre éstos cómo regular a Airbnb, cómo meter un impuesto del 16 por ciento a las casas de empeño, que es a donde llevan lo que se está robando de las casas-habitación y se planteó la posibilidad de ir por un crédito que el Gobierno Federal está otorgando, pero que impactaría en la deuda del Estado y el Ejecutivo fue claro: no quiere más deuda para nosotros”.
“En ninguna de esas mesas se tocó el tema de los casinos, no estuvo en la agenda ni al principio ni al final. Yo me enteré por la portada de un periódico el 3 de enero porque nunca estuvo en las discusiones previas”, subrayó.
Después de ahí, la iniciativa se va a análisis a la Comisión de Hacienda, que pone a discusión el presupuesto, y se votó en los términos que venía, de tal forma que lo que platicamos previamente en las reuniones de trabajo sólo se llevó a comisiones para darle formalidad y de ahí se envió al peno, continuó.
Si el dictamen sale de una manera de comisiones y alguien quiere hacer una modificación, hay que esperar al pleno y reservar en lo particular los puntos que considere para que la decisión la tome la asamblea. En este caso no fue así y yo voté una Ley de Ingresos en la que no se incluyó el transitorio número 7, expuso.
A manera de ejemplo, recordó el caso de Solidaridad, en el que la Comisión de Hacienda votó en los términos que envió el municipio su Ley de Ingresos, pero cuando llegó al pleno venía con 10 modificaciones, lo cual se hizo ver a la Comisión de Hacienda y al diputado De la Peña, a quienes se señaló que no era aceptable, que debía llegar al pleno en los términos en los que envió Solidaridad.
El ese caso, en el pleno se hizo un receso y se devolvió a comisiones para hacer las modificaciones. En lo general voté a favor porque no se puede dejar ni al Estado ni a los municipios sin una Ley de Ingresos, tiene que haber una base recaudatoria. En lo particular reservé puntos específicos que voté en contra y lo mismo habría sucedido en caso de enterarnos que los casinos estaban en la Ley de Ingresos del gobierno del Estado.