El pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para no perseguirlo, comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y empezó a investigar al expresidente y a su familia. Hizo lo mismo también con el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con su familia.
La pandemia de Covid-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno para que no se colapse su proyecto político-electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, y necesita renovar su retórica anticorrupción al más alto nivel. Y qué mejor que su antecesor.
La Fiscalía General ha buscado ocultar las investigaciones, que recaen en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), que sin embargo no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos por Servidores, sino por la que se especializa en delitos de Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE).
El responsable de la SEIDF es Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, también su jefe actual.
Son varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedades. Una de ellas, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedades en el Estado de México. Peña Nieto, que es oriundo del estado donde mantiene su residencia, tiene propiedades en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador.
Videgaray, que trabajó en el Estado de México desde 2005, aproximadamente, antes de ser diputado y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco, que en el momento en que se supo de ella, por el involucramiento del Grupo Higa en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo.
Otra carpeta de investigación, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se incluye en la averiguación a su exesposa Angélica Rivera y a los cuatro hijos producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin, quien falleció antes de que llegara a la Presidencia, busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su exesposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.
Las investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado, o que se hubieran prestado para operaciones opacas.
En la abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietarios, o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas.
Por ejemplo, una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculación, es Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el Estado de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una ‘empresa fantasma’.
Hay otras dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la adquisición de la famosa ‘casa blanca’ de la señora Rivera, y Aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el Estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador.
La investigación sobre las propiedades o posibles propiedades de Videgaray y de su familia se limitan al Estado de México, a diferencia de Peña Nieto y su familia, a quienes también están buscando en Morelos. En el caso de esta entidad, se involucró a la Agencia de Investigación Criminal, que ha estado participando en la búsqueda de esas propiedades, de acuerdo con la carpeta iniciada en mayo, la FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/10674/2020, a diferencia de las anteriores, que se abrieron en marzo.
Las carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del pacto informal de inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidencial en 2018, a cambio que el expresidente no interfiriera en la campaña ni en el proceso. En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido a Peña Nieto por haber sacado las manos de la elección, y en privado expresa tener simpatía por él. Numerosas ocasiones que le ha preguntado la prensa si va a actuar judicialmente contra él, López Obrador ha respondido con evasivas.
El blindaje a Peña Nieto le generó muchos problemas a López Obrador con el ala radical de su movimiento, por la frivolidad pública con la que se comportaba el expresidente, por lo que en junio del año pasado le mandaron decir que sería conveniente que saliera del país con discreción y que se mantuviera alejado de los reflectores públicos. Gradualmente así lo hizo Peña Nieto, quien tiene como base a Madrid, donde lo visitan regularmente sus hijos.
Ese estatus ya cambió. La investigación contra el expresidente se inició y la Fiscalía está acumulando documentación que podrá utilizar en el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que acordó con Gertz Manero hablar de la corrupción de ambos. Ese caso, con las imputaciones a políticos que aceptó hacer, se empalmará con el proceso electoral del próximo año, donde Morena se juega su mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la crisis económica derivada de la pandemia, López Obrador necesita un tema sobre el cual hable la gente y refuerce, al mismo tiempo, su cruzada contra la corrupción, que tantos réditos le dio en 2018, para seguir ganando elecciones.
