Un juez ordenó hoy el inicio del proceso penal contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, arrestado la pasada semana en Acapulco, acusado del secuestro y torturar de la periodista Lydia Cacho, en 2005, luego de que ella destapara una red de pornografía y prostitución infantil.
La resolución del auto de formal prisión dictada por el juez Segundo de Distrito tuvo lugar a las 11 de la noche de ayer martes.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana en Cancún, Luis Knapp, coordinador de Defensa de la Organización Internacional Artículo 19, y Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho, dieron a conocer el estado del caso, que pasará a etapa probatoria, desahogo de pruebas y, eventualmente, se llegaría a una sentencia, dijo el primero.
Knapp destacó que se trata del primer caso de un funcionario de alto nivel que será sujeto a proceso por delitos contra una periodista y agregó que hubo otros ex gobernadores, como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, que han sido investigados, procesados por delitos patrimoniales como enriquecimiento ilícito, corrupción… “pero no por violaciones o temas relacionados con derechos humanos”.
“Lydia Cacho fue castigada por ser periodista, por hacer su labor, por hacer su trabajo, por investigar, por publicar información de interés público, particularmente en temas de pornografía, prostitución infantil, trata de personas, que fue lo que detonó esos eventos”, señaló.
“México hasta el día de hoy sigue ocupando los primeros lugares del mundo en violencia contra la prensa y la impunidad también lo coloca como protagonista en este tipo de delitos. Casi la totalidad, el 98 por ciento de los delitos contra periodistas en México, están impunes”.
En su turno, Araceli Andrade, abogada defensora de Lydia Cacho, externó que está en puerta un largo y difícil proceso y que “un auto de formal prisión no hace justicia, simplemente inicia un procedimiento que esperamos feroz, de tal vez dos años”.
A quince años de que se cometieron los actos de tortura contra Lydia Cacho se dio cumplimiento a siete de las 10 órdenes de aprehensión. Entre las pendientes está la del empresario Kamel Nacif, actualmente en el Líbano, país con el que no se tienen tratados de extradición, sin embargo, dijo la abogada, ya se hicieron gestiones ante el gobierno de Líbano para traer al país a Nacif mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para traducir al árabe todo el expediente.
“México y el Líbano sí tienen convenios bilaterales, quiere decir que ha habido ya intercambio judicial a este nivel, ellos han hecho unas cosas por nosotros, nosotros por ellos y gracias a eso el gobierno aceptaría que se detenga a Kamel Nacif y lo extraditen a México”, explicó.
Al tomar la palabra, Pedro Cárdenas Casillas, investigador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, hizo un llamado a las autoridades judiciales mexicanas para otorgar la pena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables, y toda la compensación adecuada para Lydia y su familia, en especial garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para que pueda vivir en su casa con seguridad.
Fuente: Infoqroo