21 de septiembre de 2023 – Las comunidades indígenas mayas de Pisté y Xcalakoop, ubicadas cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá en México, han presentado amparos legales contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alegando omisión en garantizar sus derechos culturales, de identidad y al patrimonio cultural, así como su participación y beneficio económico en la administración de Chichén Itzá.
Estos amparos, respaldados por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), se centran en la omisión del INAH y otras autoridades locales en garantizar la igualdad y no discriminación de estas comunidades mayas en lo que respecta a la participación en la administración, uso y beneficio económico compartido generado por la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Las comunidades mayas sostienen que son descendientes de pueblos indígenas que habitaron la región mucho antes de la colonización extranjera y se identifican como indígenas según la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Han vivido en la región durante siglos, adaptando sus formas de vida y conservando su identidad cultural.
Sin embargo, argumentan que el INAH y otras autoridades los han excluido sistemáticamente de participar en las actividades económicas relacionadas con Chichén Itzá, a pesar de que estas comunidades han sufrido directamente las consecuencias del turismo en la zona. Esto ha llevado a una violación de su derecho al aprovechamiento económico y al patrimonio cultural, y en la práctica, a un acto de discriminación.
Las comunidades mayas señalan que sus recursos económicos no han mejorado a pesar de los beneficios económicos generados por Chichén Itzá. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Tinum, al que pertenecen estas comunidades, enfrenta altos niveles de pobreza, y el 84.8% de su población se encuentra en situación de pobreza.
El abogado Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional en ProDESC, destacó que estos amparos son una respuesta al crecimiento económico que experimentan las zonas arqueológicas debido a la implementación del Tren Maya. Las comunidades mayas buscan el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de obtener ingresos directos de su territorio.
El objetivo final de estos amparos es que el Poder Judicial respalde los derechos de estas comunidades mayas y les permita beneficiarse directamente de su patrimonio cultural y su territorio, ayudando a combatir la pobreza y la desigualdad que históricamente han enfrentado.