Un juez federal condenó a tres años de prisión a Roberto Cabrera Alfaro, excomisionado nacional de Búsqueda en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, tras encontrarlo culpable de haber entregado ilegalmente más de 49 mil perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas a una empresa privada. Sin embargo, pese al fallo, los hechos no han sido esclarecidos completamente.
Además, el monto de la condena permite a Cabera Alfaro no pisar la cárcel, pues puede conmutar la pena por trabajo comunitario y el pago de una fianza de 25 mil pesos.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Fiscalía General de la República (FGR) consultados por Animal Político reconocieron que las investigaciones se han quedado cortas, toda vez que no se ha procedido contra los funcionarios federales que indebidamente entregaron a Cabrera los bancos de ADN, ni se ha esclarecido cuál fue el beneficio y, por ende, las responsabilidades en que habrían incurrido los socios de la empresa implicada.
De hecho, el juez del caso ordenó a la FGR que continúe con las investigaciones para determinar qué uso final y posible comercialización se dio a los datos genéticos obtenidos indebidamente.
En el juicio, que concluyó ayer tras una semana de audiencias, el juez Jesús Delgadillo Padierna concluyó que las pruebas presentadas por los fiscales confirmaron “más allá de toda duda razonable” que Cabrera tuvo en su poder un banco de perfiles genéticos recabados y procesados por autoridades ministeriales, entre 2016 y 2018.
Sin autorización de las víctimas, dicho exfuncionario —que desde el inicio carecía de facultades para poseer esos datos— transmitió la información genética hacia una compañía con razón social Central ADN, SA de CV (comercialmente conocida como ADN México), con lo que dicha información considerada como confidencial terminó en manos de particulares. Esta situación, de acuerdo con el juez, vulneró los derechos de las víctimas, que en ningún momento accedieron a que las muestras que aportaron terminaran en manos ajenas a las de las autoridades.
En enero pasado, una investigación periodística independiente titulada “Traficantes de ADN”, publicada en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, entre otros sitios, reveló paso por paso cómo a través de convenios irregulares funcionarios de la entonces PGR habían entregado la información a Cabrera y, posteriormente, cómo la empresa utilizó esa información para prometer a víctimas en diversos estados que podía ayudarles a identificar a sus familiares desaparecidos.
La indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y asentada en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019, concluyó que Cabrera era probable responsable del delito de ejercicio ilícito del servicio público y presentó las pruebas, que el juez consideró suficientes.
No obstante, los fiscales no lograron convencer al juez de imponer la sentencia de cinco años nueve meses de prisión que habían solicitado en su contra, y que de haber sido concedida no habría permitido al exfuncionario salir en libertad. En cambio, el juzgador solo impuso al excomisionado una pena de tres años de cárcel, que pueden ser canjeados por trabajo comunitario, el pago de los 25 mil pesos de fianza y que ofrezca una disculpa pública. Esto, ya que consideró que no se probó que el exfuncionario hubiera obtenido algún beneficio económico de lo que hizo, y que el único hecho irregular probado es que entregó los datos indebidamente.
Al salir de la audiencia en compañía de su representado, el abogado defensor, Javier Cruz Angulo, dijo que no están de acuerdo con la determinación del juez. “Creemos que el fallo es una representación jurídica equívoca. Vamos a apelar la decisión porque tenemos una teoría del caso y demostraremos la absoluta inocencia de nuestro defendido”, señaló.
Los fiscales que participaron en la audiencia comentaron al salir que estaban satisfechos con el fallo del juez, el cual acreditó que las pruebas eran sólidas. Sin embargo, indicaron a este medio que analizarán apelar la resolución de la pena, pues consideran que la condena sí debió ascender a más de cinco años de cárcel.