CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre.— El gabinete de seguridad federal ha confirmado que agentes de la Fiscalía de Quintana Roo permitieron la liberación de José Gil Caro Quintero, conocido como “Don José” o “Pelo Chino”, quien es sobrino del capo Rafael Caro Quintero y uno de los líderes del Cártel de Caborca, según informa el periódico capitalino El Universal.
Esta liberación se llevó a cabo a cambio de un soborno millonario.
La detención de José Gil Caro Quintero ocurrió en la madrugada de un jueves, cuando elementos de la Policía Municipal de Tulum lo arrestaron en un restaurante de la localidad turística, junto a una mujer y dos individuos armados que aparentemente eran sus escoltas.
Según los reportes oficiales mencionados por El Universal, los agentes municipales entregaron al capo a cuatro elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Quintana Roo para presentarlo ante el Ministerio Público.
Sin embargo, los agentes ministeriales liberaron al “Pelo Chino” a cambio de un soborno estimado en 15 millones de pesos, según fuentes consultadas. Se alega que las autoridades estatales acordaron mantener esto en secreto.
De acuerdo con las autoridades estatales, tres de los agentes involucrados en la liberación de José Gil Caro Quintero fueron detenidos y están siendo investigados por su participación en el caso. El capo es buscado por las autoridades de los Estados Unidos.
José Gil Caro Quintero asumió el control de las operaciones del Cártel de Caborca en Quintana Roo después de la detención de su sobrino, Rubén Payán Adame, en febrero. El grupo busca dominar el tráfico de drogas y armas procedentes de Centroamérica y Sudamérica.
Tras la detención de Rafael Caro Quintero en julio de 2022, el Cártel de Caborca quedó en manos de sus sobrinos, incluido José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”.
De acuerdo con informes de inteligencia, es responsable del tráfico de grandes cantidades de narcóticos, importados de Sudamérica y desembarcados en México por las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
El gobierno de México lo ha catalogado como un objetivo prioritario, y la DEA (Administración para el Control de Drogas) de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que conduzca a su captura.