El miércoles pasado, durante un multitudinario desayuno para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Puerto Morelos Laura Fernández Piña anunció que enviará al Congreso en las próximas horas una iniciativa de reforma integral para tipificar como delito la violencia política en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Promover castigos a la violencia política contra la mujer es un movimiento que va creciendo en varias partes del mundo.
Apenas el miércoles, por ejemplo, el Congreso de Morelos aprobó una medida en ese sentido y dispuso que los responsables reciban sanción de uno a tres años de cárcel.
La iniciativa de Laura Fernández, que cuenta con el aval del Cabildo, considera una sanción mayor: cárcel de tres a ocho años.
Con Morelos ya son cuatro las entidades federativas que incluyen en su legislación el mencionado concepto, aunque a nivel federal todavía no hay propuestas serias en ese sentido.
Mediante la violencia política se pretende menoscabar o anular el derecho de la mujer a ejercer cargos públicos. Eso lo vivió Laura Fernández el año pasado, lo padeció también Magaly Achach cuando buscó y logró ser presidenta municipal de Benito Juárez.
Pasajes de ese duro 1999 los recuerda Magaly Achach en la entrevista que ofreció a La sobremesa y que difundiremos la próxima semana. Mario Villanueva Madrid, en ese entonces gobernador saliente y Joaquín Hendricks Díaz, candidato a gobernador, pretendieron, dijo la hoy ex alcaldesa, acorralarla para desistir de sus intenciones.
Apenas el miércoles, la diputada Xitlalic Sánchez Servín, designada coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, denunció que fue víctima de violencia política por parte del legislador priista José Luis Romero Calzada, que pretendía evitar que llegara a ese cargo.
A nivel mundial se ha establecido que una mayor equidad de género en la política está vinculada con numerosos resultados positivos para la democracia y la sociedad
en general. Quienes apoyan esos argumentos subrayan que una representación política más equitativa e igualitaria no sólo es lo justo, sino que también mejora las posibilidades de que los intereses y preocupaciones de todas las ciudadanas y ciudadanos estén reflejados en las políticas públicas.
Asimismo, promueve una mayor participación ciudadana y una mayor confianza en las instituciones públicas.
Quintana Roo puede y debe sumarse a ese movimiento contra la violencia política. Laura Fernández pondrá en cuestión de horas el balón en la cancha del Congreso del estado y de los propios ayuntamientos, pues al incluir la propuesta modificaciones a la Constitución tendrá que pasar por los Cabildos en los que hoy hay una amplia presencia de mujeres.
Platea
Siempre es mejor, así lo dicen los resultados cuando han ocurrido, que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y ello es algo que se había procurado en la administración de Enrique Peña Nieto.
Por eso extraña que la federación no haya tomado en cuenta al gobernador Carlos Joaquín González a la hora de nombrar delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a Fredy Marrufo, ampliamente conocido por su paso en la secretaría de Hacienda y que como presidente municipal de Cozumel no pudo retener esa posición para su partido.
Es cierto que el gobierno federal no consultó ese tipo de nombramientos con los gobernadores priistas, aunque casi es una obligación hacerlo en un reconocimiento a la soberanía de las entidades. Hacerlo es una acción republicana.
Carlos Joaquín, quien renunció al PRI y aunque lo postuló el PAN y PRD, no forma parte de ninguno de esos partidos. Incluso ha dicho que es más un gobernador ciudadano y así quiere seguir. Entonces, aunque tampoco sería justificación, no hay razones políticas para no pedirle su opinión antes del nombramiento de Marrufo y de ningún otro que se de en el futuro al frente de las delegaciones de dependencias federales.
Por lo pronto, el Gobernador ya manifestó su malestar.
Luneta
¿La nueva posición de Fredy Marrufo lo perfila como uno de los futuros candidatos del PRI a la Cámara de Diputados?
Con la redistritación, a partir del 2018 Quintana Roo tendrá cuatro posiciones, entre ellas dos para mujeres.
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