¡Datos reveladores! Advierte Cdheqroo que un 80% de la gente en #QuintanaRoo no tolera la diversidad sexual

Chetumal, 17 de junio.- El titular de la Comisión estatal de los Derechos Humanos (Cdheqroo), Marco Antonio Tóh Euán, se mostró preocupado por datos que señalan en México y Quintana Roo que un 80 por ciento de la población no se permitiría convivir con una persona diversamente sexual, o no heterosexual.

En un comunicado que lo cita en el webinar internacional “Diálogos en Pandemia Derechos a Debate”, el ombudsman quintanarroense compartió su preocupación sobre los datos de encuestas en México y Quintana Roo, que señalan que ocho de cada 10 personas no permitirían que una persona de la diversidad sexual o no heterosexual, viva o compartan con ellas espacios privados o públicos.

Otra cifra todavía más sorprendente, agregó el comunicado, es sobre la esperanza de vida de las personas transexuales, y más de las mujeres transexuales, pues esta es sólo de 35 años.

Lo anterior, añadió, pone en evidencia el trabajo que todavía falta hacer para el respeto a los derechos humanos de este sector poblacional.

Toh Euán también habló sobre las formas en las que los organismos no jurisdiccionales, como la comisión que encabeza, pueden intervenir en casos de discriminación hacia la población LGBTTTIQA+.

Durante el webinar, expuso que es posible ubicar el derecho a la identidad, relacionado a la diversidad sexual, usando la herramienta de desempaque desde las obligaciones jurídicas en los pactos internacionales, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En su opinión, la perspectiva de género en México es una herramienta jurídica y psicosocial importante para la atención de casos relacionados con la discriminación a este grupo de población.

De hecho, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo que permite la atención a dichos casos y ayuda a “visibilizar” todas las pruebas que pudiera allegarse la instancia cuando son insuficientes.

En muchos de este tipo de casos existe el sesgo de discriminación, en el que la autoridad administrativa  o jurisdiccional solo se queda a lo que está establecido en la ley, por lo que la perspectiva de género invita a ampliar el andamiaje, para probar los casos e investigarlo, añadió el texto.

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