Quintana Roo es pionero en la conformación de los fideicomisos de promoción turística, de aquí surgió el esquema. Nació de los largos debates que se dieron en un salón del entonces hotel América, en la avenida Tulum de Cancún, luego de la devastación ocasionada por el huracán “Gilberto” en septiembre de 1988 que arrinconó al principal destino turístico del país.
Los líderes empresariales y gobernantes de la época buscaban la manera de poner nuevamente a Cancún en el mapa turístico y acordaron un esquema tripartita: el gobierno del estado pondría un peso, los empresarios otro y la federación uno más.
Un poco más adelante se propuso la creación del Consejo de Promoción Turística (Coprotur) que tuvo como primer presidente al actual secretario de Gobierno, Francisco López Mena. El organismo tenía como principal objetivo recaudar las aportaciones del sector privado para la promoción turística y reconocer a los trabajadores de la industria sin chimeneas que destacaran en su actividad.
Sin embargo, la característica voluntaria de la aportación empresarial no era práctica y ocasionaba inconformidades en algunos sectores, por lo que se llegó al consenso de crear una especie de “impuesto de la ciudad”, como lo hay en muchas ciudades del primer mundo y fue así como surgió el impuesto al hospedaje.
Así, se conformó primero el fideicomiso de promoción de Cancún, luego se establecieron organismos similares en otras partes del país y pronto en cada destino turístico del Caribe mexicano se quería uno.
No había mayores problemas en el funcionamiento de esos organismos, hasta que sus recursos empezaron a ser “manoseados” por funcionarios de gobierno. Los empresarios, hoteleros fundamentalmente, reclamaron cuando podían hacerlo y exigieron que uno de los suyos fuera, en el caso de Cancún con el fondo más grande, quien dirigiera el fideicomiso.
Se garantiza transparencia y honestidad, argumentaban los empresarios. Y efectivamente, la hoy Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC) tuvo directores provenientes del sector privado que cumplieron con esa premisa, pero no todos lo hicieron y paulatinamente la función de ese organismo se fue degradando, hasta convertirse en el actual ente burocrático, con una fuerte deuda que no puede cumplir con el objetivo principal que le dio vida.
En Quintana Roo se recaudan anualmente alrededor de $900 millones de pesos por concepto del impuesto al hospedaje y aunque su uso está etiquetado, su destino en los últimos nueve años, especialmente en el caso de Cancún, no es por lo menos transparente.
El 20% que debe corresponder a los municipios, para financiar obras de infraestructura, nunca llegó. Se quedó en manos del gobierno del estado, como la gran mayoría del resto de la recaudación para tapar huecos en el presupuesto y también para financiar vidas opulentas.
El dato de los dos millones de pesos mensuales para gastos personales de Jesús Almaguer, quien dejó de ser director de la OVC esta semana, es sólo un dato de ello.
Los fideicomisos de promoción del estado serán replanteados por el gobierno de Carlos Joaquín González. De hecho, los tres existentes compactados en uno solo que estará a cargo de Darío Flota Ocampo, el director del Fondo de Promoción de la Riviera Maya que, a la luz de los hechos, logró cruzar el pantano sin manchar su plumaje.
El de la Riviera Maya es el fideicomiso más sano, incluso con una mejor y positiva participación de los hoteleros, que ya no se ve en el caso de Cancún.
La reconformación del órgano de promoción turística del estado es una decisión sensata que no quiso tomar Roberto Borge Angulo, a pesar de que tuvo la propuesta sobre su mesa.
Además de sensata, es necesaria y nuevamente desde Quintana Roo se puede mostrar al país un camino renovado sobre la forma en que pueden promocionarse los destinos turísticos, uno en el que los empresarios también dejen de secuestrar la toma de decisiones y sean más solidarios con la sociedad, compartiendo para obra de infraestructura parte de los recursos provenientes del impuesto al hospedaje.
El hecho de que los hoteleros sean quienes recauden el impuesto no quiere decir que sean beneficiarios absolutos de esos recursos.
Platea
Carlos Pérez Zafra difundió el jueves una entrevista que le hizo al gobernador Carlos Joaquín González para su programa Omelette Político, que pasa a las 8 de la mañana de lunes a viernes en el Canal 10 de cablevisión. El titular del Ejecutivo habló de todo, sin huir a preguntas puntillosas del periodista.
En una de las partes de la plática, cuando Pérez Zafra la pregunta sobre la polémica permanencia del fiscal general Arturo Alvarez Escalera, el Gobernador señala por el momento todo el plan de seguridad de su gobierno lo coordina el funcionario que heredó por una reforma Constitucional de Roberto Borge.
Sin embargo, señala también que es muy probable que esa figura del Fiscal, tal como fue planteado y diseñado por Borge, se extinga una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle en relación con las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la PGR en contra de reformas constitucionales promovidas al final del anterior gobierno.
Y en el horizonte no se ve que esa “extinción” que vendrá por una acción federal sea la única. Hay muchas especulaciones sobre las acciones legales que podrían venir desde el Centro contra personajes de la anterior administración. Sólo hay que esperar.
Luneta
Hace unos días la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun, criticó de manera severa a las últimas tres administraciones municipales, todas del PRI. Aunque se ha excedido en una innecesaria actitud de venganza contra los de abajo, no le falta razón en muchas de las críticas que endilgó a sus antecesores Fredy Marrufo Martín, Aurelio Joaquín González y Juan Carlos González Hernández, responsables del actual endeudamiento del municipio.
Sin embargo, tampoco debe olvidar que forma parte de la cadena de responsabilidades que tienen a Cozumel en la situación que tanto lamenta y critica, pues en la administración de González Hernández fue directora de Economía o a poco ya se le olvidó?
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