Por primera vez, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la administración del gobierno de la Cuarta Transformación, denunció ante el Ministerio Público (MP) a un empleado por delitos electorales.
Reportó que el trabajador de la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de Información (AGCTI) de la región noroeste del organismo incurrió en delitos en materia electoral.
La denuncia se basó en el artículo 11, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Es decir, que fue acusado por haber proporcionado apoyo o prestó algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.
En el reporte no se dan más detalles.
Otro ilícito que no se había presentado fue el de concusión, por lo que se procedió a demandar a otro servidor de la Administración General de Aduanas (AGA) de la región sur por exigir dinero.
De esta manera, durante el primer semestre de 2020 interpuso un total de 62 denuncias ante el MP y 213 al Órgano Interno de Control (OIC) por varias responsabilidades administrativas.
Comparado con igual periodo de 2019 representa un alza porque sólo se habían presentado 17 denunciantes ante el MP contra servidores del SAT de distintas áreas.
Para el caso de las acusaciones en el OIC es una disminución de 54, ya que al cierre de junio del año previo fueron 267 en total.
Aduanas, el foco
Del total de las 62 demandas ante el MP en los primeros seis meses del presente año, 33 fueron contra servidores de la Administración General de Aduanas (AGA).
Tres demandas también de personal de la AGA por ejercicio ilícito del servicio público en la aduana metropolitana; otras tres por contrabando contra servidores de la aduana norte-centro.
Por cohecho, el SAT presentó cuatro demandas penales y cinco por el ejercicio ilícito de servicio público de personal de las aduanas del área metropolitana, y una por actuar contra la administración de justicia y cometidos por servidores públicos de un empelado de la aduana región norte-centro.
Entre otros delitos que ameritaron una demanda penal fueron los cometidos por servidores por el uso ilícito de atribuciones previstas en el Código Fiscal de la Federación y por falsificación de documentos públicos.
Once funcionarios de la Administración General de Servicios al Contribuyente fueron acusados penalmente por el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
Por fraude, el SAT demandó a cuatro servidores de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
En tanto que los 213 empleados que fueron señalados ante la OIC por responsabilidades administrativas laboran en aduanas, auditoría fiscal federal, comunicaciones y tecnología de información, auditoría de comercio exterior y jurídica de las oficinas del SAT del centro, occidente, noreste, centro, pacífico sur, metropolitana y norte y sureste.