Cancún, 30 de septiembre.- Aprovechan jueces de Chetumal y Cancún, que están en prácticas dilatorias ante la solicitud de protección de la justicia federal por parte de comunidades mayas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto. José María Morelos y Bacalar.
En conferencia de prensa virtual, auspiciada por la Asamblea Múuch Xíinbal, Indignación y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el abogado Jorge Fernández Mendiburu denunció que diversas violaciones del Tren Maya son ocultadas a los pueblos originarios, lo que ha sido respaldado y solapado por diversos actores del Poder Judicial federal.
El jurista de la agrupación Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos puntualizó que el amparo presentado por diversas comunidades de los municipios de Quintana Roo acredita la actuación del Poder Judicial, pues el juez de Distrito de Chetumal, donde se presentó la demanda de amparo, se declaró incompetente y la turnó a uno de Cancún.
“Estamos hablando de más de un mes y a la fecha no tenemos ninguna resolución ni notificación sobre qué ha pasado con ese amparo. Eso de declararse incompetente también es una estrategia dilatoria; si bien no nos lo han desechado, eso de que los jueces se declaren incompetentes se suma a las estrategias dilatorias de los circuitos judiciales de Campeche y Yucatán.”
Fernández Mendiburu precisó que la solicitud de amparo se presentó el pasado 25 de agosto, puntualizó que el argumento del juez de Chetumal para su incompetencia fue que los actos se ejecutarían en otra zona (Cancún), lo que consideró obedece más a una táctica dilatoria para no entrarle al estudio, dejar que pase el tiempo, que ambos declaren su incompetencia y que el asunto lo resuelva un Tribunal Colegiado.
“Ese tipo de estrategias obstaculizan el derecho a la justicia para las comunidades”, sostuvo, y declinó dar los nombres de los quejosos por reserva frente a los riesgos de cómo el Ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador) viene actuando contra quienes se oponen al megaproyecto “mal llamado Tren Maya”, pero son integrantes de comunidades mayas de Bacalar, Carrillo Puerto y José María Morelos.
Según explicó, los actos reclamados son cuatro —incluidos Yucatán, Campeche y Chiapas—: violación al derecho a la libre determinación (consulta simulada); a un ambiente libre dr afectaciones que generará el tren; derecho subjetivo por la ilegalidad de las concesiones porque Fonatur no es competente en materia de transporte público y afectaciones al patrimonio cultural (destrucción de ciudades antiguas).
“La preocupación en Quintana Roo es que el juez de Distrito de Cancún, del que hasta ahorita no se tiene respuesta, también se declare incompetente: “Nosotros lo que tememos es que también diga yo tampoco soy competente y que el caso tenga que pasar al Tribunal Colegiado (en este caso del Vigesimoséptimo Circuito) para que decida a cuál de los dos (con el de Chetumal) le corresponde.”
El abogado de Indignación detalló que el tema de la (supuesta) consulta ya está claramente evidenciado a nivel internacional, que incluso la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México declaró que ese proceso no había cumplido los estándares internacionales básicos o mínimos.
“El asunto fundamental es, más allá de si las mayorías o minorías están de acuerdo, el tema de la información: una de las grandes omisiones del proyecto, que también ha sido impugnada y por eso es importante la respuesta que tiene que dar el Poder Judicial es que no hay suficiente información sobre todos los impactos que va a acarrear por todo el conjunto de construcciones alrededor.
“Todo eso el Fonatur lo calla y vende la idea de que nada más es un trenecito y unas vías y eso es falso; el problema es la información incompleta a las comunidades indígenas, Lo único que se les dice es que van a tener empleo y podrán vender sus productos; pero qué tipo de empleo… van a seguir siendo la mano de obra barata de siempre al servicio del turismo.
“Son verdades a medias, violaciones sistémicas porque el Fonatur ha mantenido el proyecto en la opacidad y no cambia ni un ápice el modelo de desarrollo que pretenden imponer. El Fonatur y López Obrador violan derechos humanos fundamentales al falsear y dar información a medias (…); además, la demanda de amparo se puede ampliar conforme vayan saliendo más afectaciones.”
Por su parte, Valiana Aguilar Hernández, integrante de la Asamblea de Defensores del Pueblo Maya Múuch Xíinbal, denunció que “la actitud del Gobierno Federal siempre ha sido sistemática y está coludido con las grandes empresas e intereses del capital para el despojo de tierras, que se ha intensificado. Sabemos que lo que les importa son las tierras, nosotros no les importamos como pueblos indígenas”.
“No nos toman en cuenta e incluso nos quieren imponer, y siempre que escuchamos la palabra desarrollo en las bocas (de los integrantes) de esas instituciones, sabemos que viene una avalancha de violencia y despojos. Y no tenemos que ir muy lejos, estamos a cuatro horas de Cancún, Playa del Carmen y de la Riviera supuestamente Maya para saber lo que no queremos”, indicó.
Manifestó confianza en la reacción “en algún momento” del sistema de justicia, y señaló que la lucha seguirá porque “no queremos ese tren pese a que sabemos de antemano todas las argucias y tretas legaloides que el gobierno va a implementar contra nosotros junto con sus instituciones de justicia, pero nuestra fuerza está en la articulación con otras comunidades”.
También participaron David Lovatón Palacios, jurista para la península de Yucatán de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental (ONG) con sede en la ciudad de Washington; Guadalupe Gutiérrez Cáceres, del colectivo Tres Barrios en la capital San Francisco de Campeche, y como moderadora Rocío Noemí Martínez González, también de Múuch’ Xíinbal.