Ciudad de México.— Gerardo Sánchez Zumaya, empresario originario de San Luis Potosí y dueño de Petrogesa, enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, tras recibir contratos de Pemex entre 2021 y 2024 por más de 520 millones de pesos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Tabasco el pasado 5 de noviembre.
Según la acusación, Petrogesa y una red de empresas asociadas habrían facturado de manera irregular más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, utilizando prestanombres y compañías fantasmas con domicilios en colonias populares. Los contratos con Pemex, obtenidos por adjudicación directa, estaban relacionados con mantenimiento de flota naval y suministro de químicos para refinerías.
La denuncia incluye evidencia como miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), actas constitutivas y declaraciones fiscales. También detalla cómo las empresas vinculadas carecen de compras de materia prima o gastos operativos que justifiquen las millonarias facturas emitidas, lo que ha sido calificado como una posible competencia desleal y robo hormiga de materias primas.
Entre los implicados figuran jóvenes de entre 23 y 25 años, sin experiencia empresarial, que emitieron facturas multimillonarias a las empresas de Sánchez Zumaya, pero cuyos gastos no corresponden con las cifras reportadas. Por ejemplo, José Manuel Ramón Hernández, de 23 años, emitió facturas por mil 866 millones de pesos en 2023 y 2024, sin registrar gastos operativos.
El 16 de octubre, Sánchez Zumaya solicitó amparos ante el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí para evitar su aprehensión. La denuncia también señala a socios en Texas y a familiares como parte de la red, quienes supuestamente manejan empresas que operan en México y Estados Unidos.
Este caso, que involucra contratos asignados durante la administración actual de Pemex, pone nuevamente bajo escrutinio la asignación directa de contratos en la paraestatal y las prácticas de sus proveedores. Las autoridades continúan investigando para determinar la magnitud del presunto fraude.