Las restricciones de movilidad adoptadas por el gobierno autónomo de Madrid en algunas zonas de la capital y municipios del sur de la región ante el avance del coronavirus, han sido mal recibidas por muchos de los vecinos afectados que se consideran segregados frente al resto de la población y acusan a las autoridades de estigmatizar los barrios obreros.
Las medidas también están siendo cuestionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que las considera insuficientes para enfrentar la grave situación sanitaria de la capital española. El socialista Sánchez amaga con intervenir Madrid y tomar las riendas de esta Comunidad Autónoma si las autoridades regionales no amplían el confinamiento e implementan acciones mucho más drásticas para frenar los contagios.
En su mayoría, los 45 perímetros acotados se distinguen por su alta densidad de población y por albergar un mayor número de obreros, migrantes y pobres. Casi todos ellos están localizados en el sur de Madrid, donde se ubican las colonias más populares.
Las barriadas que han visto limitada su movilidad sobrepasan en muchos casos los mil positivos por cada 100 mil habitantes, una cifra preocupante para la metrópoli española que encabeza el ranking de las grandes ciudades europeas más afectadas por la segunda ola de la pandemia.
El confinamiento abarca sectores de los distritos madrileños de Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Ciudad Lineal, Vicálvaro, San Blas y Carabanchel, además de otros barrios de importantes poblaciones de la Comunidad de Madrid, como Alcobendas, Parla, Getafe, Fuenlabrada o Alcorcón.
En estas zonas acotadas, la falta de recursos económicos obliga a muchas familias a vivir en espacios muy reducidos, sobre todo las formadas por migrantes. También abundan los trabajadores manuales que utilizan masivamente el transporte público, lo que incrementa las posibilidades de contagio.
Tras las restricciones decretadas por el gobierno autónomo de Madrid, más de un millón de ciudadanos solo podrán salir de sus áreas de residencia por razones laborales, médicas, educativas, o de causa mayor, siempre que presenten justificantes. También se reducen al 50% los aforos de establecimientos comerciales que deberán cerrar a las 22 horas, se limitan los agrupamientos a un máximo de 6 personas y se cancelan parques y jardines. Estos encierros focalizados se revisarán cada 14 días y podrán ser prorrogados.
Los tres criterios técnicos que maneja el Ejecutivo regional para limitar la circulación de personas son la incidencia del número de casos por cada 100 mil habitantes (mil o superior), que la tendencia de los casos sea estable o creciente y que la contigüidad geográfica facilite el control perimetral de la movilidad.
Con el apoyo logístico del ejército, más de 400 policías practican controles aleatorios en las fronteras de los distritos aislados para impedir los desplazamientos no permitidos de la población, con sanciones que como mínimo alcanzan los 750 dólares para los que se salten la normativa. No obstante, el Ministerio de Sanidad y numerosos expertos consideran insuficientes las restricciones adoptadas por el gobierno local y proponen que el confinamiento se amplíe a los 3. 3 millones de habitantes del área metropolitana de Madrid y otros municipios, los cuales están enfrentando semanas particularmente difíciles por la expansión de la pandemia.
Miles de vecinos de los barrios afectados se manifestaron en las calles y participaron en acciones simbólicas para rechazar las limitaciones de circulación que consideran ineficaces y discriminatorias, además de suponer un segundo golpe para la hostelería y los comercios. “Primero nos abandonáis y ahora nos encerráis”, se podía leer en una de las pancartas que se airearon durante las protestas.
Los residentes de estos distritos populares en los que muchas familias viven en precario, denuncian la falta de atención de la administración del derechista Partido Popular (PP), y subrayan que el mismo gobierno regional que se ha desentendido de ellos durante años, pretende ahora recluirlos en guetos.
“Son medidas totalmente injustas, porque señalan a las personas que viven en los lugares más vulnerables de la Comunidad. Nos hacen responsables de los contagios cuando los trabajos que tenemos son muy expuestos y tenemos que atravesar la ciudad en un transporte público abarrotado de personas, además de que en nuestros barrios no existen los servicios suficientes en materia sanitaria”, relata a EL UNIVERSAL Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones vecinales de Madrid (FRAVM).
“Las medidas son también ineficaces porque te permiten salir de la zona restringida para ir a trabajar, atravesando a veces para ello toda la ciudad. El virus solo se puede contener con más recursos sanitarios, mejores servicios en el transporte público y otras ayudas sociales”, agrega el dirigente de la FRAVM.
“Estamos pidiendo un refuerzo sanitario y que en el transporte público haya una persona por metro cuadrado, además de ayudas sociales para los que pueden perder su trabajo y refuerzos también educativos, tanto humanos como materiales. Si no hubiera otra alternativa que el confinamiento, éste debería ser total y no solamente para ciertas zonas de Madrid”, subraya el líder vecinal.
Para María José García, vecina del Puente de Vallecas, uno de los barrios madrileños donde ha quedado limitada la movilidad, el confinamiento selectivo no tiene sentido y contribuye a la estigmatización de estas áreas, ya de por sí deprimidas.
“Vivo en un barrio decente, obrero y solidario, pero hay mucho interés en marginar y estigmatizar. Nos indigna el hecho de que podamos seguir saliendo del barrio a trabajar donde nos necesitan, a limpiar sus casas, a cuidar a sus mayores y a poner las copas en sus bares, y luego lleguemos a nuestro barrio y nuestros hijos no puedan ni ir al parque a jugar”, asegura esta enfermera jubilada.
“Se está intentando meter en la cabeza de la población la idea de que si uno se contagia es porque se lo merece, cuando el problema no es el modo de vida, que lo elige uno, sino las condiciones de vida, que vienen impuestas y que hacen por ejemplo que en casas de 70 metros cuadrados vivan dos familias”.
“Tenemos en el barrio una de las densidades de población más altas de Europa, con continuos recortes de los servicios públicos y con la sanidad funcionando al límite desde hace años. El virus fue el remate, por lo que la situación es muy grave”, indica la vecina del Puente de Vallecas antes de enfatizar que las autoridades regionales, con las medidas de restricción, están convirtiendo las carencias sociales y económicas en un problema de orden público, buscando criminalizar a los barrios obreros.
La polémica batería de nuevos confinamientos para un porcentaje significativo de la población madrileña llega en momentos en los que Isabel Díaz Ayuso, presidenta del gobierno regional que lidera el conservador PP, está siendo muy cuestionada por la oposición, los sindicatos y las asociaciones de vecinos, debido a sus continuos y flagrantes errores en la gestión de la pandemia, incluida la falta de inversión en el sector sanitario, el cual podría llegar a colapsar si el número de contagios sigue aumentando en la Comunidad de Madrid.
