“A mí me tocó administrar el último Ayuntamiento pobre”, el 1981-84, suele decir José Irabíén Medina, el tercer alcalde en la historia de Benito Juárez que actualmente reside en Puebla.
Y es que en el transcurso de la siguiente administración municipal, la de Joaquín González Castro, quien sigue radicando en Cancún, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado promovió cambios constitucionales que fortalecieron a los ayuntamientos, pues éstos obtuvieron herramientas con las que a partir de entonces pudieron tener recaudación propia y no depender exclusivamente de los recursos federales, cuya distribución siempre ha sido motivo de polémica por la injusticia que se comete con las regiones donde más riqueza se genera.
La recaudación propia permitió que el gobierno municipal atendiera de manera más puntual las necesidades de infraestructura del municipio y ésta se convirtió también en un respaldo para que los bancos canalizaran créditos para financiar más obra. Sin embargo, las administraciones de González Castro y de José González Zapata, su sucesor, no tuvieron necesidad de contratar créditos o por lo menos no heredaron deuda.
En el trienio que compartieron Mario Villanueva Madrid y Arturo Contreras Castillo el Ayuntamiento contrató su primer crédito con el Fonhapo para urbanizar las regiones 100 y empezó a generarse un déficit en las finanzas municipales. A partir de 1993 se gastaba más de lo que se recaudaba.
Sin embargo, el endeudamiento municipal se volvió una pachanga en los gobiernos distintos al PRI, primero con Juan Ignacio García Zalvidea, cuya administración inició siendo pevemista y terminó perredista. En su gestión estuvieron muchos de los que acompañaron a Gregorio Sánchez Martínez y a Julián Ricalde Magaña, director de Gobierno en la administración chachista.
El mal manejo de las finanzas municipales llevó a que las grandes calificadoras internacionales colocaran a Benito Juárez en una situación vergonzosa, con malas calificaciones, siempre a la baja. Y como consecuencia de ello, la confianza ciudadana en el gobierno se vino abajo y la gente dejó de pagar sus impuestos, pues desconocía su destino.
Así, con calificación negativa, Paul Carrillo de Cáceres asumió la presidencia municipal hace diez meses. Paulatinamente, con un mejor ejercicio y control presupuestal, con estrategias para recuperar la confianza ciudadana y aumentar la recaudación, la calificación mejoró a escala de “estable”. Apenas la semana pasada, Moody´s emitió una nueva calificación mejorándola de “estable” a “positiva” y la misma calificadora señala que la recaudación propia mejoró y no hay indicios de que la administración de Carrillo Cáceres pretenda endeudarse.
Con el fin de recaudar más, el Ayuntamiento decidió condonar recargos a todos quienes no pagaron sus impuestos municipales entre 2009 y 2012, que son alrededor del 60% de los contribuyentes. “El pago de impuestos es una cuestión de confianza y la estamos recuperando”, afirmó el director de Ingresos, Hugo Bonilla Iglesias.
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