En las próximas semanas el Congreso de Quintana Roo comenzará a revisar las cuentas públicas 2013 de los diez ayuntamientos, que corresponde al segundo año de gestión de los alcaldes que fueron sustituidos hace un año, varios de ellos en medio del escándalo por la bancarrota en la que dejaron a sus municipios.
Ese proceso iniciará cuando aún no se concreta acción legal alguna en contra de los ahora ex alcaldes, en cuya gestión correspondiente al 2012 se encontraron diversas irregularidades que fueron señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización y el propio Congreso del estado.
A la ex alcaldesa panista de Lázaro Cárdenas, la actual diputada Trinidad García Argüelles; el ex presidente municipal perredista de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña; al priista Mario Villanueva Tenorio, entre otros, se les descubrieron irregularidades en el manejo de cuantiosos recursos ejercidos sin comprobación alguna.
Por ejemplo, a Trinidad García se le detectó que no comprobó el ejercicio de $30 millones y todavía en julio pasado, luego de varias comparecencias y aclaraciones, se le pidió la devolución de $5 millones de pesos, pero no se sabe si los entregó.
En el caso de Benito Juárez, el secretario general del ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó que durante la administración de Ricalde Magaña no se incluyó en la cuenta pública 2012 que se envió al Órgano Superior de Fiscalización el 20% de los recursos ejercidos, la mayoría de los cuales tenía que ver con obra pública realizada de manera irregular.
Incluso, en relación con Villanueva Tenorio el actual alcalde capitalino, Eduardo Espinosa Abuxapqui, dijo que a pesar de las irregularidades documentadas en la anterior administración no se podía hacer nada en contra del ex alcalde y que todo quedaría en una simple “sanción moral”. Al final, sólo se inhabilitaron a ex funcionarios menores.
Y así por el estilo, las presuntas irregularidades descubiertas en las cuentas públicas 2012 están, hasta ahora, sin mayores castigos, sin sanciones a los supuestos responsables, lo que abona a la impunidad que ha habido en los últimos años en el mal manejo del erario.
Ahora toca el turno a las cuentas del 2013. Si todo va por donde ha adelantado el titular del Órgano Superior de Fiscalización, Emiliano Novelo Rivero, quien reveló que se investiga el destino de $680 millones de pesos provenientes de dos créditos contratados por los ex alcaldes de Solidaridad Filiberto Martínez Méndez y Rafael Kantún Ávila, entonces los números estarán plagados de irregularidades. Quizá igual o más que los de 2012.
Como muchos políticos, Martínez Méndez le apuesta al olvido, a la memoria corta que suele tener la sociedad y, por eso, con esa creencia, asomó en los últimos días la cabeza con el invento de coordinar en el estado a un organismo internacional que supuestamente promueve el desarrollo, la preparación de políticos.
Aunque ya se sabía, las revelaciones hechas por Novelo Rivero dimensionan el tamaño del desfalco cometido a la sociedad de Solidaridad, se entiende de mejor el manera el hecho de que ese municipio estuvo en la lista negra de las calificadores internacionales de riesgos de cartera.
Entre Martínez Méndez y Kantún Ávila, dos tipos de cuidado, desaparecieron más de $680 millones de pesos, que formaban parte de dos créditos bancarios, uno de $380 millones contratado por el primero y otro de $300 millones solicitado por el segundo con el argumento de que serían recursos para obra pública que, a final de cuentas, no se construyó, pero el dinero se acabó.
¿Dónde están esos recursos?
“Es lo que estamos investigando”, respondió Novelo Rivero.
Y todavía con su lema de campaña Martínez Méndez se atrevió a amenazar a la sociedad: “¡Vamos por más!”
¿Seguirá campante con su beca en el Congreso?
¿Seguirá Kantún Chí pavoneándose en Playa del Carmen como si nada?
¿Serán ahora más firmes los diputados en el combate a la impunidad? ¿O todo quedará en el simple discurso?
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