René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, líder de la banda puertorriqueña Calle 13, tiene razón cuando señala que la desaparición, matanza ya para muchos, de 43 estudiantes en Guerrero nos atañe a todos.
A lo largo de su historia de 10 años, Calle 13 ha buscado identificarse con los problemas sociales latinoamericanos y a menudo sus integrantes, sobre todo Residente hacen declaraciones de tinte político.
“Ayotzinapa es un tema que trasciende fronteras”, sostiene. Y tiene toda la razón y más aún cuando señala que la protesta no debe encender la llama de la violencia.
La violencia es justamente el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien e imponer algo. Entonces ¿Qué quieren quienes enmascarados detrás de una legítima demanda de justicia bloquean carreteras y destruyen edificios que costó a todos?
El Estado es el único facultado para usar la violencia de manera institucional. Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno está catatónico, incapaz de definir una estrategia para restaurar el orden donde se siembra destrucción. No dialoga, pero tampoco usa la fuerza.
No es suficiente la amenaza presidencial de que se sabe que, efectivamente, el gobierno tiene la potestad de la violencia y puede usarlo cuando lo considere conveniente. No puede el presidente Peña Nieto solo reciclar el discurso de Díaz Ordaz, cuando habla de que hay intereses que “quieren generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”, sin que identifique esos intereses.
Es el Presidente en tiempos de transparencia. No puede ni debe quedarse con la información de algo que es de interés público. Si tiene los elementos, debe identificar a los responsables de por ejemplo el virtual cierre de Acapulco y otros destinos turísticos de Guerrero y si no cuenta con ellos, debe mantenerse callado, buscando soluciones para evitar que las manifestaciones violentas se extienden a más regiones del país.
El fin de semana pasado se dio un escarceo en Cancún, donde un grupo de autodenominados anarquistas salió a medirle el agua a los camones.
Los manifestantes alteraron el curso de un evento multitudinario en el parque de Las Palapas, prendieron fuego en la avenida Tulum y bloquearon por algunos minutos el acceso a la zona hotelera.
Quisieron medir hasta dónde se les puede tolerar y justamente allí está la pregunta. ¿Hasta dónde?
Por lo pronto, el gobierno federal está obligado a hablar claro, pero también es imprescindible que borre cualquier signo de impunidad. El castigo de la matanza no debe quedar solo en el encarcelamiento de un ex alcalde y su pareja.
El caso de Ayotzinapa debe servir para abrir una amplia investigación sobre la participación de encumbrados políticos con el crimen organizado, pero no solo investigarlos, sino castigarlos. Está visto que los supuestos blindajes para evitar la llegada de dinero sucio a las campañas sólo quedaron en declaraciones. Allí están los hechos que los desmienten.
¿Se llegará al fondo?
Platea
De donde menos se pensaba llegan noticias sobre acciones legales en contra de por lo menos un alcalde del anterior trienio. En José María Morelos se informó de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 15 años al ex presidente municipal José Domingo Flota Castillo, a quien se le señala de depositar en cuentas personales recursos del erario.
Flota Castillo fue hace varios años alcalde por el PRI y en el anterior trienio repitió con el PRD.
También fue inhabilitado quien fungiera como su tesorero, Samuel Sánchez Yah y el ex síndico Enrique Pacab Briseño. Ya dijeron que impugnarán el proceso porque consideran injusta la medida, pero allí está el ejemplo para el resto de los municipios donde se detectaron irregularidades pero en los que hasta ahora no ha habido acciones contundentes de ese tipo.
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