Lo que estamos viendo en estos días a raíz de que el Congreso recomendó iniciar acciones legales en contra de ex funcionarios de siete ayuntamientos, es decir, la reacción de los ex alcaldes Julián Ricalde Magaña, Trinidad García y Domingo Flota es consecuencia de la débil cultura de rendición de cuentas que hay no solo en Quintana Roo, sino en el país.
Según lo documenta un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en general la rendición de cuentas a través de la revisión de los expedientes financieros de los gobiernos municipales es una práctica que raya en la fragilidad, que además no tiene al ciudadano como destino final.
Además, agrega, la revisión de las cuentas públicas no necesariamente garantiza una efectiva rendición de cuentas, debido a que en el proceso predomina la falta o vaguedad de normas y procedimientos, así como la carencia de recursos que aseguren que los funcionarios informen, justifiquen y expliquen su conducta a los ciudadanos.
Justamente ello contrasta, destaca el análisis jurídico, con la visión romántica del municipio como el gobierno más cercano a la gente, donde la rendición de cuentas es informal pero efectiva, porque los gobernantes son vigilados cotidianamente por ciudadanos que además son vecinos de quienes conforman el Ayuntamiento.
Todo ello abona a la impunidad, como la que prevaleció en el trienio que inició Gregorio Sánchez Martínez, continuó Latifa Musa Simón y concluyó Jaime Hernández Zaragoza, en la que primero desaparecieron $103 millones cuya ejecución estaban a cargo del entonces secretario de Obras, Julián Ricalde Magaña y luego la fuga de otros $229 millones provenientes de un crédito bancario que se hizo agua en la doble transición que se vivió entre 2008 y 2011.
El Órgano Superior de Fiscalización interpuso una denuncia penal por la desaparición del crédito y por ésta fue a parar a la cárcel el tesorero de Sánchez Martínez, Carlos Trigos Perdomo, pero el ayuntamiento encabezado por Ricalde Magaña debió interponer otra y hasta donde se sabe eso no ocurrió. Ese, el que los alcaldes no hagan lo que les corresponde en casos como éstos, es otro elemento que torpedea la rendición de cuentas, según el análisis de la UNAM.
Así, más de $300 millones fueron a parar quién sabe dónde, pero la diputada Marybel Villegas afirma que Ricalde Magaña se convirtió “en el nuevo rico de Cancún”.
Así como esas, la actual administración de Paul Carrillo de Cáceres detectó en la cuenta pública de 2012 otra serie de irregularidades que tiene que ver con la asignación de millonarios contratos para obra pública que se habrían concursado de manera indebida y por eso pidió que se reabran los expedientes financieros de ese año.
Eso no le agradó al ex alcalde, que tiene aspiraciones de ser candidato del PRD a diputado federal. Tampoco le agradó a Trinidad García Argüelles, ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas, la recomendación del Congreso para que el Órgano Superior de Fiscalización finque responsabilidades penales en contra de ex funcionarios de su administración por el faltante de $35 millones. La actual diputada local también quiere ser candidata del PAN a legisladora federal.
Pero independientemente de las recomendaciones del Congreso al Órgano Superior de Fiscalización, en Quintana Roo, como en el resto del país, nos enfrentamos a problemas estructurales en la tarea de la rendición de cuentas, porque incluso no queda claro qué funcionario es responsable legal de las irregularidades en un ayuntamiento.
Aunque ese no haya sido el espíritu de su creación, señala el estudio jurídico de la UNAM, el carácter colegiado del Ayuntamiento es, como se ve en este caso, una especie de protección para el Alcalde y el problema es particularmente preocupante cuando las sanciones buscan resarcir el daño cometido al erario. ¿A quién se sanciona? ¿al tesorero? ¿al síndico? ¿a todos?)
Esperemos y veremos.
Platea
Empiezan a surgir por allí “nominaciones” a polémicos premios como el Tlatoani, que supuestamente se entregan a las administraciones municipales que demuestran ejemplares prácticas de gobierno y también a instituciones como el DIF.
Esos premios han sido polémicos en todo el país y particularmente en Quintana Roo en su momento fueron cuestionados por distinguir a las administraciones que hoy están en el ojo del huracán por las irregularidades que se les descubrió en el manejo del erario.
Los gobiernos municipales actuales deben tener cuidado y analizar muy bien si aceptan o no esos premios, por los que además hay que pagar una vez que se acepta acudir a la ceremonia en la que se entregan.
Correo: jsilva@palcoquintanarroense
Twitter: @PalcoQRroense y @JulioCsarSilva
