El viernes pasado tomó posesión como gobernador sustituto de Michoacán el catedrático Salvador Jara Guerrero, quien no estaba en ninguna de las listas que se manejaron con nombres de posibles sustitutos de Fausto Vallejo.
Al final, el gobernador constitucional optó por la retirada obligado por las circunstancias de su enfermedad, pero también por su nulo margen, incapacidad de operación, cercado por el narcotráfico y el gobierno federal que hace meses decidió tomar el control del estado por medio de un comisionado que también ha dado bandazos.
Vallejo era un gobernador que no gobernaba, representante de una clase política cuyos integrantes, sin importar su filiación política, está coptada hasta la médula por el narcotráfico. Al único que le rinden cuentas es a Servando Gómez, alias “La Tuta”, quien avala y financia candidaturas.
Michoacán es aquel estado donde Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, sin lograr reinstaurar el orden legal. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha intentado otra estrategia que, como el del ex presidente panista, está por lo menos al borde de la ilegalidad.
Hasta antes de la renuncia de Vallejo, lo que se pedía era la desaparición de poderes para que la federación asumiera el control, pero otros decían que más bien lo que se necesita es que éstos aparezcan, porque no se ven por ningún lado.
El Senado no desapareció formalmente los poderes, pero el gobierno federal envió a un gobernador de facto que hizo a un lado a Vallejo, quien intentó pero no pudo ejercer y así se bordeó en la ilegalidad, en el colmo del eufemismo. En Michoacán se instauró el surrealismo.
Durante casi 24 horas, entre la renuncia de Vallejo y la toma de protesta de Jara, el gobierno de Michoacán estuvo acéfalo, pues ni siquiera había un secretario de Gobierno formal, apenas un político desconocido era el encargado del despacho.
Michoacán tiene varios frentes abiertos y ninguno se resolverá si no hay una estrategia clara y un liderazgo con objetivos sólidos. Si Jara no encuentra los espacios institucionales que maneja el gobierno federal a través del Comisionado seguirá el mismo camino de la inoperatividad de Vallejo y Alfredo Castillo Cervantes y su gabinete paralelo seguirá ejerciendo funciones que legalmente no le corresponden.
Para instaurar el orden legal en Michoacán se requiere en sí mismo que se aplique la ley y que las instituciones hagan el trabajo que le corresponde. No importa si es a través de un gobierno local fuerte, respaldado por la federación o a través de un regente de la administración federal, pero a las cosas se les tiene que llamar por su nombre y no optar por eufemismos que violan la ley.
Platea
Del Distrito Federal llegan buenas noticias. El ex subprocurador Juan Ignacio Hernández Mora fue nombrado comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. Se trata de un organismo de la Secretaria de Gobernación, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El quintanarroense, quien es uno de los especialistas en materia de seguridad más reconocidos del país, se venía desempeñando como director general de Vinculación y Seguimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Su nuevo nombramiento es un ascenso importante en su carrera, pues será responsable de todo el sistema penitenciario nacional. Es el nuevo encargado del diseño de programas, acciones y políticas sobre el manejo de las cárceles del país y la población de ésta.
Como tal, acordará directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, lo que significa que Quintana Roo tendrá un gestor importante para gestionar muchos de los problemas que enfrenta en materia de instalaciones carcelarias. Ojalá así sea.
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