La familia, seguramente la mayoría estará de acuerdo, tiene una intrínseca dimensión social. Es la primera y más básica expresión de las relaciones humanas, donde inicia cualquier sociedad digna de considerarse como humana.
En la familia somos alimentados, vestidos y cuidados. Si en ella desde niños obtenemos amor y atenciones, consideraremos al mundo un lugar positivo y acogedor y adoptaremos una actitud abierta y constructiva en beneficio de nuestras comunidades.
Varios especialistas sostienen que la familia es claramente el centro afectivo de la persona y por su propia naturaleza, se produce el desarrollo personal en un marco de responsabilidad y solidaridad.
Desde la familia se forman a los buenos ciudadanos, a los líderes de las comunidades, pero también muchas pueden ser fábrica de delincuentes, incubadoras de individuos que lejos de ver al mundo como un lugar positivo y acogedor, pueden relacionarlo con un sitio hostil al que, llegado el momento, deban cobrarle afrentas.
Tal es el caso del menor que fue usado por su propia madre para tratar de introducir droga a la cárcel de Playa del Carmen, para avituallar con marihuana a su padre preso.
De apenas ocho años, cuando debería estar en la escuela, jugando, siendo niño, en lugar de ello era usado como “mula” por dos individuos que, evidentemente, no tienen compromiso alguno con él.
El pequeño, junto con su hermano, se ha quedado sin nada, sin el padre encarcelado desde hace tiempo y sin la madre, quien ahora enfrentará un proceso penal por tratar de introducir la droga por medio de su hijo. Ambos menores están solos o quizá siempre lo estuvieron.
El golpe psicológico sufrido por el menor fue demoledor. El sabía que llevaba algo dentro de su ropa interior, pero desconocía qué era y si era malo. Ya de por sí visitar a su padre en la cárcel era una tragedia que alguna marca ya habría dejado en él, pero verse entre el movimiento policiaco debió subir una raya más a la hostilidad con el que ve al mundo.
Desde allí ya era una víctima, pero volvió a serlo cuando los policías lo pusieron contra el paredón desde donde son fotografiados los delincuentes para ser exhibidos en los medios de comunicación. Y allí, por tercera vez en un solo día, volvió a ser víctima, cuando, a pesar de que se lo hayan hecho de espaldas, le tomaron fotografías que indebidamente fueron boletinadas a los medios.
Se trata de una acción, la victimización del menor, que debe ser atendida por las autoridades correspondientes, corregir lo que tenga que corregirse en la forma de manejar ese tipo de cosas.
Los jefes policiacos de Solidaridad deben actuar, debe hacerlo del procurador Gaspar Armando García Torres, quien ha demostrado efectividad y profesionalismo en su gestión y debe intervenir la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la que aparentemente Harley Sosa Guillén tiene al menos buenas intenciones.
¿Cuántos casos más como el de ese niño hay? La sociedad, el Estado en su conjunto, debe actuar para proteger a su célula básica, a la familia o de lo contrario pagar las consecuencias de su omisión.
Platea
A pesar de los problemas financieros heredados, el estricto control presupuestal impuesto por el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, permite que su administración pueda cumplir con los compromisos ineludibles, aquellos que no se pueden hacer a un lado porque tienen que ver con el bienestar de un sector de la población que es la menos favorecida.
Con todo y las restricciones económicas, el gobierno de Carrillo de Cáceres ha procurado cumplir a tiempo con la entrega de 118,000 paquetes con útiles escolares y mochilas a estudiantes de educación básica de alrededor de 400 escuelas de Cancún.
“Se trata de acciones conjuntas de los tres niveles de gobierno que nos permiten contribuir al esfuerzo de los padres de familia en la educación de sus hijos”, subrayó el Alcalde.
Ojalá las condiciones económicas mejoren pronto, para potenciar esas y otras acciones del gobierno municipal.
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