CHETUMAL .- Nuevamente, la justicia federal desecha por improcedente otro amparo presentado por Norma Madero y otras personas en el expediente 623/2014 del Juzgado Quinto de Distrito, interpuesto contra la promulgación de la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, según informa en un comunicado de prensa la Consejería Jurídica del gobierno del estado.
La iniciativa de Ley de Ordenamiento Cívico fue en principio altamente cuestionada por sus posibles implicaciones en restricciones a derechos fundamentales de los quintanarroenses; los medios de opinión locales y reconocidos comentaristas quintanarroenses manifestaron agudas observaciones respecto a dicha ley, que incluso se llegó a tintar de matices represivos.
Ante dichas observaciones y atendiendo a las mismas el Gobernador Borge difirió su promulgación, y ordenó un análisis exhaustivo de la misma. La iniciativa fue revisada, reformada y posteriormente promulgada sin los tintes que pudieran calificarse de represivos y resaltando los acentos de la misma en la sana convivencia cívica y democrática, señala la dependencia.
Debe hacerse notar que por esas épocas en varios Estados del País se iniciaron leyes de contención social, que fueron altamente repudiadas y que algunos casos condujeron a consecuencias muy lamentables, como el caso de la Ley Bala en Puebla.
Agrega que en Quintana Roo, el espíritu crítico de los ciudadanos y la sensibilidad democrática de Gobierno, lograron que una ley de contención social se convirtiese en una ley de promoción de los valores cívicos de los ciudadanos y respetuosa de los derechos fundamentales.
Pese a lo anterior y en ejercicio de sus derechos ciudadanos un grupo de personas encabezado por Norma Madero, presentaron un amparo contra la promulgación de dicha ley.
Y si bien esa demanda ha sido resuelta con su desechamiento por evidente improcedencia, ello permitió sin embargo que dicha ley superara la prueba del ácido.
En una detallada resolución de veinte cuartillas el juzgador federal revisa minuciosamente el contenido de la ley impugnada tanto desde el punto de vista de los quejosos, como desde la óptica constitucional y a la luz de los tratados internacionales en la materia.
La resolución es un excelente análisis jurídico, que resulta altamente aleccionador en estos tiempos conflictivos y que permite valorar en su exacta dimensión a los derechos fundamentales como pilar básico de la construcción de una sociedad más sana y democrática.
La promoción de Norma Madero, es sin dudad alguna un gran servicio prestado a la administración del gobernador Roberto Borge, que resulta, con ello, calificada en materia de respeto a los derechos fundamentales.
Esta resolución y el hecho, antes poco valorado de atender por parte de Borge, a la sana critica ciudadana, nos permiten entender que el debate ciudadano sobre la ley, es también un camino para una plena democracia.