Si alcanza a llegar a esa fecha, Óscar Montes de Oca cumplirÍa el próximo 12 de diciembre cuatro años como fiscal general de Quintana Roo y su continuidad está en el aire.
Al ex subprocurador de Justicia de la Ciudad de México le llueven presiones por todos lados, tanto políticas como de índole social. No encaja en la 4T, pero sus cuestionables resultados no lo ayudan.
Independientemente de las condiciones desastrosas en las que se encuentra la Fiscalía, que hasta la fecha no ha logrado superar los enormes rezagos de personal calificado, organización, tecnificación y presupuesto que heredó de la extinta Procuraduría de Justicia, Montes de Oca vive la misma situación de acoso político que enfrentó Carlos Humberto Alvarez Escalera, cuando arrancó la administración de Carlos Joaquín González.
Alvarez Escalera, el fiscal que designó la última legislatura controlada por el PRI de Roberto Borge Angulo, aguantó 78 días los embates del joaquinismo, hasta que capituló con el argumento de que tenía asuntos personales que reclamaban al 100% su presencia.
Montes de Oca ha recorrido 60 días desde que el gobierno de la cuarta transformación asumió el control del estado y las presiones han ido en aumento.
Más allá de que puedan haber acuerdos políticos que pudieran sostenerlo, como se ha dicho, lo cierto es que el Fiscal no se ayuda con nada y sus trapitos han empezado a ser ventilados.
Y no es que esos trapitos, esas omisiones en la operación de la Fiscalía, esos graves actos de corrupción que se han sabido sean nuevos. Los vicios nunca se han logrado desterrar de esa oficina.
Las prácticas que fueron escandalosas en el borgismo, como el uso del aparato de justicia para perpetrar despojos, no se desterraron; continuaron, lo mismo que otras prácticas que atentan contra los derechos humanos de las víctimas.
Lo más reciente es la denuncia pública de que funcionarios de la Fiscalía le pidieron $500,000 pesos a una madre, solo para lanzar una alerta Amber para localizar a sus hijos.
Cuánta falta de sensibilidad, por decir lo menos.
La salida de Oscar Montes de Oca puede darse en cualquier momento, si demuestra algo de vergüenza y presenta su renuncia con cualquier argumento, como lo hizo Alvarez Escalera.
Pero también podría continuar al menos unos meses más, justamente por razones políticas.
Sin embargo, independientemente de lo que ocurra en el mando de la Fiscalía, será difícil que las cosas en ese órgano puedan mejorar al menos en el mediano plazo.
El problema no es quién sea el jefe en la Fiscalía, el problema es de fondo, de estructura, de vicios enraizados.
Se tiene que hacer una profunda limpieza, que será difícil concretar en dos o tres años, con el riesgo de que sea una tarea de nunca acabar, como lo hemos visto en los cuerpos policiacos.
Y será una tarea aún mayúscula, cuando a partir del próximo año la Fiscalía registre un recorte presupuestal, al igual que en otros órganos autónomos, según lo anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Se insiste, el problema no es quien sea el jefe. El problema es que la Fiscalía tiene leucemia, es pobre de familia numerosa y seguirá empobreciendo, sin dinero para el “tratamiento” que requiere.
Mientras tanto, en la Fiscalía parece que les gusta diciembre para cambiar de titular. Escalera Alvarez se fue el 12 de diciembre de 2016 y Montes de Oca llegó un 12 de diciembre de 2018 y todo parece indicar que tiene los días contados. Alcanzaría a cobrar la primera quincena de diciembre y el aguinaldo.
¿Quién le entrará al torito? ¿Quién arriesgará el prestigio personal entrando como el Mesías, para en cinco años ser el villano?
Parafraseando a la Adictiva Banda San José de las Mesillas: ¿Después de Óscar quién?
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