CANCÚN
La clausura total y presuntamente definitiva Dragon Mart fue considerada en sectores políticos, sociales y empresariales como un avance en la aplicación de la ley y una lección sobre lo caro que puede resultar a cualquier empresario pretender desarrollar proyectos de inversión sin cumplir con las leyes.
Sin embargo, los promotores del proyecto no se dan por vencidos y afirman que el plan no está muerto y que esperarán los próximos 10 meses que concluyan los litigios judiciales que sostienen con la Profepa y una vez terminados éstos tomarán una decisión.
Según dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la mañana del lunes, la clausura del predio “El Tucán”, donde se pretende realizar el mencionado proyecto, es definitiva y las sanciones en contra de los desarrolladores incluye una multa de $22 millones de pesos y la orden de restaurar la ecología del lugar, donde se destruyó mangle y otro tipo de vegetación.
Sin embargo, el director de Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, aseguró que la clausura “no significa la cancelación definitiva del proyecto”.
“El proceso judicial iniciado por la Profepa está en estatus sub judice, es decir, que aún no hay resolución definitiva”, explicó.
Agregó que el grupo promotor del proyecto ganó la suspensión definitiva, pero durante el juicio que obligó a una nueva inspección del predio Profepa señaló que la clausura fue ordenada por el juez.
“En esas condiciones se sobresee el amparo, la clausura es solo consecuencia de forma. El fondo del asunto sigue en litigio y se prolongará por un lapso de diez meses a un año más”, expuso López Rodríguez.
El directivo dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias para mantener el proyecto.
Expuso que el tema de fondo corresponde al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo fallo está pendiente. No se establece aún si Dragon Mart debió tramitar cambio de uso de suelo ante la autoridad federal o era suficiente el permiso de la autoridad estatal, competencia directa del tema.
López Rodríguez minimizó la clausura y señaló que el grupo de empresarios inversores acordaron en marzo del año pasado suspender la obra mientras el estatus legal del proyecto no fuera resuelto jurídicamente.
“Sin embargo la clausura aplicada el lunes no significa en modo alguno que consideremos cancelado el proyecto Dragon Mart. Nosotros aguardaremos que el juicio llegue a su término para definir nuestra postura final”, puntualizó.
Entre los argumentos para la clausura están la falta de permisos federales para el cambio de uso de suelo forestal, además de que violaron las leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y la Forestal.
Al parecer en la construcción del proyecto destruyeron manglares y otras especies forestales protegidas por la NOM 509 y pusieron en peligro a varias especies de fauna, por lo que sigue abierta la investigación en la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la PGR que demandó Profepa por probables conductas delictivas por desmonte y daño de humedales, entre otros.
La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alejandra Serrano, afirmó que detrás del Dragon Mart existen también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo, que es una de las siete entidades en las que la Semarnat autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras actividades como la apicultura.
Durante los últimos tres años ejecutivos de Dragon Mart y ambientalistas han tenido sus pleitos. Los directivos acusan a los políticos que están en contra del proyecto y a los ambientalistas de servir a intereses empresariales que velan por una economía no competitiva en el país.
Algunos de estos directivos están vinculados con otros políticos como los hermanos Bribiesca, hijos de Martita Sahagún y Vicente Fox, como es el caso del propio directivo Juan Carlos López Rodríguez, quien es señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún, cuando el hijo de Marta Sahagún tenía el 45 % de las acciones de Logistic Free Trade Zone (empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el sexenio foxista).
Además, López Rodríguez representó al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en 2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades de entre 8 y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados oficialmente.
Rafael Lang Uriarte, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe, quien dijo que con esta sanción se avanza en el cumplimiento de las leyes. En general, organizaciones civiles, empresariales y políticos celebraron la clausura de Dragon Mart Cancún, aunque voceros de la Asociación “Fundadores de Cancún” expresaron que la Profepa llegó dos años tarde.
“Desde que el gobierno de Quintana Roo les dio autorización de impacto ambiental (6 de septiembre del 2012) se insistió en que la empresa debería tramitar la autorización federal y el cambio de uso de suelo, además de contar con un análisis de la Secretaría de Economía. Pero ni Semarnat, ni la SE, ni Profepa hicieron caso. Se requirió de mucha presión social, de mucha presión jurídica y hubo un desgaste de la comunidad impresionante, que nos dejó en claro lo vulnerable que somos los ciudadanos ante los intereses económicos y políticos que hay detrás de estos proyectos. No creo en la clausura hasta que anuncien la cancelación definitiva de este proyecto”, dijo Ricardo Lujambio, presidente de la agrupación.
Para la hidrogeóloga, Guadalupe Velázquez, este caso deja muchas lecciones: para la autoridad es que debe escuchar a la ciudadanía. Muchas cosas pudieron evitarse si hubieran atendido lo que se les demostró siempre con bases y para los empresarios, lo caro que resulta no respetar las leyes.
