Cancún, 13 de octubre (Infoqroo).- En Quintana Roo 83% de la población no tiene condiciones de bienestar, y sólo el 17% de los habitantes, es decir, 330 mil personas, cuentan con ingreso digno y vive sin carencias.
De acuerdo con reportes elaborados por la agrupación “Acción ciudadana contra la pobreza”, en Quintana Roo de 1.9 millones de habitantes, 135 mil viven en pobreza extrema por ingresos (7%), esto significa que no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria. En pobreza por ingresos están 632 mil personas (33% de la población).
Si además se suma a quienes tienen al menos una de las carencias sociales que mide Coneval, son ya más de la mitad de la población, 1.3 millones de personas (69%), y si se añade a quienes aun sin carencias y superando el umbral de la pobreza, tienen un ingreso de sobrevivencia, menor al costo de 2 canastas básicas, son 1.6 millones, es decir, el 83%.
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de Octubre, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presenta La Escala del Bienestar, una radiografía de cada una de las 32 entidades sobre indicadores de pobreza y carencias con base en los datos de Coneval. El estudio sirve para reiterar el llamado para “ir a la raíz” de la pobreza y evitar el triunfalismo. No se puede cantar victoria por la reducción de la pobreza entre 2018 y 2022, anunciada recientemente.
La Escala de Bienestar revela que a nivel nacional sólo 12% de la población vive en condiciones de bienestar. Las Escalas de Bienestar de las 32 entidades muestran que sólo ocho estados tienen a más del 20% de su población en condiciones de bienestar y, en contraste, en 14 entidades menos del 10% de la población tiene esas condiciones.
Las raíces de la pobreza en México están en el sistema laboral que directamente produce pobreza por bajos salarios y trabajos sin acceso a seguridad social (informales), que afectan a más de la mitad de la población económicamente activa (PEA).
La otra raíz estructural que producen pobreza y también se crean en el sistema laboral son los obstáculos a la inclusión económica de mujeres y jóvenes, y por partida doble a mujeres jóvenes.
A las mujeres se les imponen tareas domésticas de cuidado no remuneradas, México tiene una de las menores tasas de participación laboral femenina del mundo, porque más del 90% de las personas que no pueden salir a buscar trabajo, por realizar labores domésticas de cuidado son mujeres.
Las personas de 15 y 29 años de edad también padecen mayor exclusión. Más de la mitad están fuera ya del sistema educativo y sin trabajo. Las barreras de empleabilidad son más altas para jóvenes que provienen de contextos adversos, es decir contextos de pobreza, y de violencia .
Se indicó que si bien estas causas tienen raíces desde décadas atrás, algunas decisiones del actual gobierno las han agravado, como la debacle del sistema de salud por intentar centralizar los servicios a través del INSABI, o la cancelación de programas que favorecían la inclusión económica de las mujeres, como los programas de estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
Algunas de las raíces se han enfrentado con acciones poco efectivas, como la deserción escolar en la educación media superior, que no se ha reducido con las becas Benito Juárez, o la escasa inserción laboral de jóvenes, pues no bastan las transferencias monetarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para superar las barreras de empleabilidad de jóvenes, pues ni siquiera priorizan a quienes tienen rezago educativo y otras desventajas.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sostiene que mientras no se actúe desde la raíz, la pobreza y la desigualdad seguirán en el mismo nivel y con cambios marginales, por lo cual se requieren cambios estructurales y estrategias prioritarias.
El primer cambio estructural requiere un acuerdo laboral basado en el diálogo social y la concertación, para vincular la mejora de remuneraciones con el incremento de la productividad.
El segundo cambio estructural, es transitar a un nuevo modelo de protección social universal que garantice acceso a servicios de salud, de cuidados y garantías de ingreso, y superar el modelo de seguro social condicionado al régimen laboral, que excluye a más de la mitad de la población.