Ayer, la Coparmex emitió una postura ante el Acuerdo federal firmado por el Gobierno federal, empresarios y sindicatos. Mencionó que el pasado viernes el Gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial suscribir un documento para presentarlo ayer como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”. Aunque el fin de semana se estuvieron discutiendo la estructura y contenido del documento, la Coparmex criticó que “la propuesta final con el texto fue entregada por el Gobierno federal a las 11:00 horas de este lunes 9 de enero, dos horas antes de su firma pública”.
Por eso, en un comunicado y luego de una amplia consulta a los diferentes Órganos de Gobierno y grupos técnicos, así como entre los 65 Centros Empresariales en todo el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana ha decidido no suscribir el Acuerdo por las siguientes razones:
La situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales. México necesita estar más unido que nunca. Dicho consenso no se puede construir en tres días. Urge un acuerdo, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública. Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances. El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del país. Y, particularmente, el Gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.
Y añadió: “No estamos en contra del Gobierno ni de quienes suscriben el Acuerdo, por el contrario: estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos, en beneficio de todos los mexicanos. No sólo eso, sino que es justo en este momento cuando el país nos demanda un diálogo real, cara a cara, donde pongamos por delante el bien común, antes que cualquier otro interés particular. Un verdadero acuerdo nacional requiere ser inclusivo y producto de una profunda reflexión y proceso de consenso social. Por otro lado, reiteramos que seguiremos trabajando junto con todos los organismos del sector privado, dentro del Consejo Coordinador Empresarial, para generar las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo que todos los mexicanos necesitamos”.
La Coparmex añadió que ha sido reconocida en la sociedad como la “consciencia del sector privado. Es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente. Ya en el pasado, en el último pacto del año 1995, la Coparmex ha dado testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social. Que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados. Los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores. Que verdaderamente coloque a México como prioridad”.
Pactan para evitar abusos en precios de los productos
El Presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la firma del Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que realizaron empresarios y líderes sindicales ayer en Los Pinos, en el que pactaron coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado del precio de productos de la canasta básica, así como impulsar inversiones y proteger el empleo de las familias mexicanas, luego del ajuste al precio de las gasolinas. Sin embargo, no contó con el apoyo de la Coparmex.
“El acuerdo que hoy suscribimos surge de un sustantivo diálogo para proteger la economía nacional y, desde luego, la economía las familias mexicanas”, suscribió el Presidente, quien agradeció al sector empresarial porque “asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado de precios de los productos básicos. Esto es posible porque la gasolina sólo representa una fracción del costo de la producción”.
Indicó que dicho Acuerdo “atiende las preocupaciones de las familias mexicanas”, a quienes les preocupa el empleo, así como el aumento en otros productos y en el transporte público.
Acompañado de miembros del gabinete económico, aseveró que su administración hará todo lo posible para que “el ajuste en la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar”.
El Presidente insistió en que el gasolinazo “no es consecuencia de la reforma energética, ni de la hacendaria, sino refleja directamente el incremento internacional que se ha dado al precio de la gasolina”.
Como en su mensaje emitido la semana pasada, indicó que de no haber realizado el incremento en los precios, el Gobierno federal habría tenido que realizar recortes en los programas sociales, con lo que se afectaría a los “sectores menos favorecidos”.
En el Acuerdo se confirma que adicionalmente a los ajustes aprobados por el Legislativo, el Gobierno federal establecerá otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.
“Se exhorta a los otros Poderes de la Federación, a los Organismos Autónomos, así como a los Gobiernos locales, para que adopten medidas similares”, se señala en el documento.
El Acuerdo tiene como objetivo principal impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y fomentar nuevas inversiones, mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.
Peña Nieto anunció un programa de apoyo al transporte masivo, que podría extenderse a 50 ciudades de la República, además del impulso a la conversión de las unidades, a fin de que utilicen combustibles más económicos.
El Presidente mencionó que además del recorte de 190 mil millones de pesos, el Gobierno implementará otras medidas para hacer efectivo el gasto social, mantendrá finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido, transparente, además de la firme implementación de las reformas estructurales.
A los acuerdos signados así como a su impacto se les dará seguimiento a través del Comité Nacional de Productividad, en donde participan representantes del Gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, productores del campo y de la academia.
Rechazan violencia
Los firmantes del Acuerdo se pronuncian por preservar la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, por eso manifestaron su rechazo a cualquier medio ilegal para expresar malestar y reprobaron los actos de violencia, rapiña y vandalismo que afectan los derechos de terceros.
REUNIÓN ENTRE MEADE Y GOBERNADORES
Acuerdan generar nuevas inversiones
La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron crear grupos de trabajo en los que se analicen las condiciones para generar en los estados nuevas inversiones en la cadena de los combustibles para reducir los costos de suministro.
Así quedó establecido en la reunión que sostuvo ayer el secretario José Antonio Meade con integrantes de las comisiones de Hacienda y Energía de la Conago para dialogar sobre la flexibilización del mercado de las gasolinas.
Meade hizo una amplia explicación de los nuevos esquemas de precios máximos de las gasolinas y respondió a todas las dudas emitidas por los gobernadores que participaron en este encuentro.
Acompañado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, Meade explicó el calendario por regiones de la flexibilización del mercado de combustibles y los precios máximos fijados para enero del año en curso.
En un comunicado, Hacienda destacó que se espera que con el esquema de flexibilización exista más competencia, se generen inversiones y haya incrementos en productividad para hacer de México un país más competitivo.
El poder adquisitivo de las familias mexicanas caerá en 2017, al esperarse que la canasta básica registre un incremento de 17.7%, a consecuencia del gasolinazo, aseguró el coordinador de laboratorios de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez.
A eso se le agrega el incremento a los precios de peaje que se cobran en las casetas de 28.57%, el gas que se utiliza para mover muchos vehículos de transporte de 19.5%, así como la energía eléctrica.
Apuntó que en enero ya se registraron aumentos de la cebolla, tomate, tortilla, azúcar, aguacate, huevo, manzana, entre otros productos.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) pidió quitar bonos y prestaciones abusivas de los altos funcionarios a fin de establecer un Gobierno de austeridad, así como establecer medidas contra la corrupción y de transparencia.
La CNPA pidió a los ejecutivos locales plantear en dicho encuentro el establecimiento de una real Ley de salarios máximos mediante la cual se revisen los salarios de todos los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos, con el objetivo de que se suspendan gastos de viáticos, viajes al extranjero, vehículos, celulares, comidas, entre otros.
La Coordinadora propuso establecer medidas para fortalecer el mercado interno, a efecto de que se proteja la economía al diversificar el comercio e impulsar la soberanía alimentaria y energética.
Ante las protestas por el gasolinazo, el Presidente presumió una medida de austeridad aplicada en su administración: la reducción de 10% del salario de funcionarios de primer nivel del Ejecutivo federal, que representará un ahorro de 309 millones de pesos anuales. Sin embargo, en el país, la Ley de salarios máximos quedó en papel. Mientras Peña Nieto percibe anualmente 3.4 millones de pesos del erario, los 11 ministros de la Suprema Corte reciben este año el doble: 6.9 millones de pesos. Si bien en el Poder Ejecutivo nadie gana más que el Presidente, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos, más de mil 500 servidores públicos perciben más que el Presidente de México.
Tras la determinación del Gobierno de Jalisco de no incrementar la tarifa ni subsidiar al transporte público ante los efectos del gasolinazo, la administración propondrá a la Federación que extienda los estímulos a los camioneros. Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, explica que la medida le costaría a la gestión de Enrique Peña Nieto alrededor de seis mil millones de pesos en el ámbito nacional; sin embargo, el Estado participaría con otros 100 millones de pesos.
“Una solución viable y responsable es la de emitir un acuerdo adicional al acuerdo 100/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2016, para hacer extensivos los estímulos a la gasolina y el diésel a los sectores de transporte colectivo urbano de pasajeros y al sector de transporte foráneo de mercancía”, menciona un comunicado del Gobierno estatal.
El acuerdo adicional permitiría mantener los precios de diciembre de 2016 (es decir, 13.98 pesos por litro de Magna y 14.63 pesos por litro de Diésel) exclusivamente para estos dos sectores.
“El estímulo significa un subsidio de 2.50 pesos en promedio para la Magna y de 2.56 pesos para el diésel. Para sostener este subsidio, los Estados y municipios podríamos aportar 20 de los 38 centavos que recibimos por concepto del IEPS por cada litro de gasolina Magna y 16 de los 31.54 centavos que recibimos por cada litro de diésel. En tanto, la Federación aportaría 2.30 pesos de los 4.30 que reciben por cada litro de gasolina Magna y 2.40 pesos de los 4.73 que recibe por cada litro de diésel”.
La administración estatal recordó que este año reducirán 50% el consumo de gasolina en todas las dependencias gubernamentales, excepto para los vehículos operativos. También recortarán 30% el gasto en comunicación social y otro tanto en representación y eventos.
El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, calificó de “absurda” la propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval para que los nueve municipios metropolitanos aporten la mitad de lo que reciben del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para la conformación de un Fondo para la contingencia de la economía de las familias.
El domingo, el Ejecutivo estatal anunció las medidas para hacer frente al incremento de precios tras el gasolinazo. Entre éstas destacan la desaparición de Sistecozome, la reducción de gastos, no aumentar la tarifa del transporte público y no otorgar el subsidio, y la propuesta para crear el fondo, entre otros.
“Sobre propuestas serias platicamos, sobre bravuconadas no vamos a platicar”, respondió el primer edil tapatío. “¿Cuándo un municipio ha aportado? Por el amor de Dios, es un absurdo y no tiene nada que ver con la realidad. Lo que decimos al gobernador es que si no le parece el planteamiento que hicimos, esperamos que tenga un plan B y que sea exitoso”.
Alfaro rechazó esa propuesta porque aseguró que resolver dicha problemática es competencia estatal y no de los Ayuntamientos.
“El tema del transporte público no es responsabilidad de los municipios. Nosotros le dijimos al gobernador que no aumente la tarifa del transporte público y le dimos una propuesta para resolver el problema. Si la solución que nosotros le propusimos al gobernador de cómo se puede manejar el tema de una tarifa que está desfasada no le parece, está en su derecho y tendrá que resolverlo”.
La suspensión temporal del Programa de Verificación Vehicular 2017 no debe “minimizar” las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana, sostienen ecologistas jaliscienses ante la medida anunciada por el Poder Ejecutivo de posponer esta estrategia ante los impactos del gasolinazo.
En este sentido, la postura del Colectivo Ecologista Jalisco fue que las autoridades deben impulsar una serie de medidas alternas para controlar los índices de contaminación, como mejorar el transporte público y la movilidad no motorizada.
Maité Cortés, titular del organismo, puntualizó que la responsabilidad de que cada uno de los automovilistas es cumplir con la verificación y la obligación de la autoridad es vigilar que esta medida se cumpla.
“Confundir las medidas recaudatorias con las medidas ambientales y complacer a las personas a través de retirar una multa sí nos preocupa, porque tiene que ver con un ejercicio de responsabilidad, porque tener un auto implica emitir gases contaminantes”.
Además, los ambientalistas coincidieron en que el Programa de verificación vehicular no es la única estrategia para controlar los índices de contaminación.
José Antonio Gómez Reyna, jefe del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG, señaló que la suspensión del nuevo plan es un buen momento para analizar las mejoras que requiere la estrategia.
Explicó que el análisis se debe centrar en la adopción de tecnologías innovadoras que serán de mayor eficiencia. “Es momento de rediseñar y reconfigurar el programa de verificación. Desde un principio les dijimos que este programa no impactaría en la mejora de la calidad del aire, ya que sólo se reduciría una mínima parte”.
Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, por el momento, sólo se realizará una campaña masiva para difundir la verificación vehicular vigente.
Pese a la suspensión temporal de este programa, las organizaciones de Talleres Acreditados de Jalisco señalaron que continuarán con el proceso para obtener un referéndum ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) con el fin de revocar el nuevo programa.
Abraham Gobel, representante legal de los inconformes, respondió que se han reunido ocho mil firmas hasta el momento. Además dijo que en lo individual los propietarios de talleres han solicitado amparos contra el decreto estatal.